La tarde del 20 de abril, la expectación entre quienes seguimos el derrotero del litio alcanzó su clímax. Al fin, transcurrido ya un 28% del gobierno, se presentaría la esperada Política Nacional del Litio. No era fácil digerir que, en medio de un boom de precios que quizás nunca se repita, ni siquiera se hubiese anunciado el inicio del camino: los lineamientos generales de un futuro proyecto de ley. Algo así como la pre-prefactibilidad. Lineamientos por lo demás, de los que uno esperaba claridad desde el inicio de la administración, considerando que la médula había sido prometida más de un año atrás, en el programa de gobierno.
Horas antes de la cadena nacional comenzó a circular un documento titulado “Estrategia Nacional del Litio”. No entendimos por qué se hablaba de “estrategia” en lugar de “política”, pero qué más da: el segundo párrafo incluía una línea que todos queríamos escuchar: “La alta demanda mundial, los elevados precios y las grandes reservas […] nos permiten ser optimistas y, a la vez, nos llaman a actuar con sentido de urgencia”. Aaah, sentido de urgencia, celebramos; por ahí va la cosa, pensamos. Y la última página parecía confirmar nuestro optimismo al menos respecto al ritmo: “Entendemos la urgencia del desafío”.
A las 21 horas vino el contenido, en boca del presidente. Cada uno tendrá su opinión respecto al fondo, pero de lo que sí nos alegramos todos fue que al fin se abriera un debate democrático respecto al candado absurdo que arrastramos desde la dictadura vinculado al litio. De ahí en adelante, siguieron las precisiones. El timonel de Corfo nos aclaró que la palabra “estrategia” aludía a una etapa previa, y que aún faltaba para la política propiamente tal. Ups, pensamos, esto irá más lento de lo que creíamos, temimos.
En efecto.
Al momento que escribo, ha transcurrido ya un 35% del gobierno y seguimos en la pre-prefactibilidad: aún no conocemos ni siquiera un borrador de el o los proyectos de ley necesarios para hacer carne la Política Nacional del Litio, el punto de partida para recién comenzar su discusión formal. Si tuviéramos gobiernos de 6 años como en México el presidente podría respirar más tranquilo, pero 4 años es el mínimo que uno puede vitrinear por ahí. En consecuencia, solo 951 días restan para consensuar con las carteras involucradas (asumiendo que ya hay borradores circulando), presentar ante el Congreso, tramitar y promulgar. Ni hablar de comenzar a instalar las capacidades industriales para finalmente producir la primera onza de carbonato de litio. Previo al estallido social, el tiempo promedio de tramitación de proyectos de ley era de 821 días, sin contar pasos adicionales (firma del Presidente, publicación en el Diario Oficial, posible paso por el TC, etc). Pero eso es el promedio, y una Política Nacional del Litio -que, recordemos, aún no se anuncia formalmente, porque lo que se comunicó fue la Estrategia- asoma bastante más peliagudo que el proyecto promedio.
Mientras la anómala regulación que amarra al litio no se normalice, los interesados en participar seguirán supeditados a la discrecionalidad del gobierno de turno. El gigante chino BYD fue seleccionado por CORFO como “productor especializado”, estatus que le permite acceder a precio preferente de carbonato de litio y a un contrato de suministro por parte de SQM para su proyecto de planta de cátodos en Chile. Todos anhelamos que este tipo de inversiones prosperen y se multipliquen, pero es urgente que dejen de depender de decisiones administrativas ¿Era BYD el único, o el mejor? La geología del norte debe acoger a todo interesado que cumplan con la legislación local, incluyendo una estricta (aunque ojalá ágil) evaluación ambiental.
Nuestro paso cansino es una verdadera desgracia. No solo por los cientos de millones de dólares que podríamos estar destinando ya a necesidades sociales, sino también porque el espacio que debiera llenar el litio chileno, el más limpio del mundo gracias a nuestras extraordinarias condiciones naturales, está siendo satisfecho por minería muchísimo menos verde.