Chile se ubica entre

El mercado laboral chileno, si bien sigue generando empleo, durante los últimos meses se ha ido desacelerando. Si hace un año la creación de puestos de trabajo tuvo un alza de 3,1%, ahora en el trimestre móvil terminado en febrero, el aumento fue de sólo 0,9%.

Las voces críticas apuntan a que la agenda laboral de los últimos 15 años ha estado inclinada a rigidizar el mercado del trabajo, en lugar de proponer iniciativas para impulsar las ocupaciones.

En este sentido, entre las leyes a las que se apunta se encuentra la creación del permiso posnatal parental en 2011, que agregó 12 semanas complementarias al ya existente; la reforma laboral de 2016, que aumentó el costo de la huelga para el empleador; la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales aprobada en 2023; el sostenido aumento del salario mínimo, que actualmente alcanza los $510.636; la Ley Karin de 2024, que aumenta los riesgos de litigios que enfrenta el empleador; y la reforma previsional aprobada en enero, que sube la tasa de cotización del empleador en siete puntos.

Al respecto, un reciente análisis del centro de estudios Pivotes —creado por el expresidente de la Sofofa Bernardo Larraín Matte— señala que si bien estas leyes han tenido por objeto fortalecer la seguridad y los derechos de los trabajadores, en paralelo han elevado de manera importante los costos laborales en Chile.

Por lo mismo, analiza cómo estas medidas han rigidizado el mercado laboral, impactando en la generación de nuevos empleos, y evidenciando además que Chile se ha ido quedando atrás en reformas proempleo frente a otros países de la OCDE.

Lo primero que menciona el informe realizado por Elisa Cabezón y Tomás Espinosa, es que “una barrera que dificulta la creación de empleos es tener una regulación laboral que rigidiza o impone altos costos al momento de despedir a un trabajador, lo cual ocurre particularmente en las relaciones laborales regidas por contratos indefinidos”.

Una de esas barreras son los altos costos de despido que tiene el país y que derivan en altos costos de contratación, ya que, según este análisis, “las empresas se anticipan a las restricciones que tendrán que enfrentar en caso de desvinculación. Esto se traduce en menos contrataciones y mayor cesantía, o en un aumento de empleos informales o de trabajos temporales de peor calidad”.

De esta forma, puntualizan que “las regulaciones que imponen restricciones costosas a los empleadores al despedir, contribuyen a la protección laboral de los trabajadores formales, pero impiden que más personas puedan acceder a estos empleos”.

En este contexto, Pivotes realiza una comparación a través del índice Employment Protection Legislation de la OCDE. En ese zoom se aprecia que desde 2008, ha habido una tendencia a reducir los costos de despido en ese conjunto de países. Así, 15 países (39%) los han reducido, mientras seis (16%) los han aumentado.

De los 38 países que conforman la OCDE, Chile actualmente es el octavo con los mayores costos de despido, resalta el informe, y agrega que no ha realizado ninguna reforma en su regulación laboral para reducirlos.

¿Dónde hay más espacio para reducir los costos de despido y facilitar la creación de empleos formales? Esa es la pregunta que se plantean los autores del análisis. Y su respuesta es que ese espacio está en la indemnización por despido, que entrega hoy los montos más altos entre los países de la OCDE.

“La OCDE recomienda a Chile reducir la indemnización por años de servicio, ampliar las prestaciones del seguro de cesantía y reformar el sistema público de capacitación y reinserción laboral. En este último aspecto, hay un amplio consenso de que Chile debe hacer una profunda reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), organismo estatal que ha recibido fuertes críticas por el despilfarro de recursos públicos y la poca efectividad en la capacitación laboral”, sostiene el análisis.

Aclara, eso sí, que “la reducción de la indemnización debe aplicarse a los nuevos contratos laborales, respetando las indemnizaciones acumuladas de los actuales trabajadores”.

Esto, porque al comparar a Chile con las otras naciones de la OCDE, el monto exigido a las empresas al despedir es el mayor. Mientras en el país un trabajador despedido con 10 años de antigüedad recibe 10 sueldos por indemnización, el promedio en la OCDE es de 3,2 sueldos. Además, 11 países de la organización no entregan una indemnización por desvinculación.