Competencia y crecimiento:

Economistas afirman que la discusión en la comisión de Medio ambiente, hasta ahora, se ha centrado en un exceso de estatismo que podría perjudicar la libre iniciativa y la igualdad de condiciones entre empresas públicas y privadas.

Mañana concluye el plazo para que los convencionales presenten indicaciones para reformular el segundo informe de la comisión de Medio ambiente y modelo económico rechazado en general el jueves de la semana pasada.

Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), quien votó en contra, cuenta que antes de la votación se le hizo saber a la comisión lo mucho por mejorar que tenía la propuesta. “No éramos solo nosotros quienes criticamos el informe, pero fuimos los únicos dentro del progresismo que nos atrevimos a rechazar”, dice. Añade que “creemos que el Estado debe tener una mayor participación en la economía, pero no realizando sacrificios irresponsables. Nos interesa dar garantías para una billetera fiscal que nos permita financiar el Estado social democrático de derechos”.

Precisamente, en sus intervenciones en el pleno, convencionales de distintos sectores remarcaron ese último punto.

“El gran problema de este informe es que la economía nunca fue tema para la Convención, por lo cual, en la propuesta enviada al pleno no se consideró que la economía debía ser eficiente, que creciera y que fuese competitiva”, asegura Bernardo Fontaine (ind.-RN-Evópoli), quien también rechazó.

En la misma línea, economistas consultados por “El Mercurio” plantean que varias ideas debiesen modificarse.

Por ejemplo, el capítulo “Sistema económico y política fiscal” del informe tenía 14 artículos, algunos de los cuales mencionaban que el Estado participa en la economía del país “para cumplir con los objetivos sociales y ecológicos establecidos en esta Constitución y alcanzar el buen vivir. Para ello regula, fiscaliza, planifica, conduce, fomenta y desarrolla actividades económicas”.

Al respecto, Cecilia Cifuentes, académica del ESE Business School de la Universidad de los Andes, apunta que “hay un estatismo exacerbado al máximo, en que el Estado no solo puede participar en todas las actividades productivas, sino además puede impedir la participación de la sociedad civil”. Añade que lo anterior se acentúa con el artículo que dice “el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica, donde la ley podrá reservar al sector público la provisión exclusiva de bienes o servicios cuando así lo exigiere el interés general”.

Plan para el “buen vivir”

El cuarto artículo del capítulo decía que habrá un Consejo de Planificación con representantes del Poder Ejecutivo, Congreso, regiones, comunas autónomas, pueblos indígenas, trabajadores, empresarios y universidades públicas. “El Consejo será presidido por un representante del Ejecutivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional para el Buen Vivir”, agregaba.

“Esto me recuerda a lo que ocurrió en la década de los años 60 con el Pacto Andino, donde habían consejos que establecieron cuáles serían las áreas de especialización de las economías de los países miembros. Entonces a Chile se le designó el sector metalmecánico ya que producía minerales. En ese entonces la fruta no estaba en ninguna planificación y ahora vemos lo que es la fruta para la economía nacional. Los gobiernos con esas políticas terminan inhibiendo lo que la libre iniciativa genera”, señala el economista Tomás Flores.

En cuanto al comercio internacional, el articulado establecía que “las relaciones comerciales con la comunidad internacional responderán a los intereses de los pueblos de Chile, los derechos de la naturaleza y la crisis ecológica global, estableciendo como prioridad el fortalecimiento de los mercados locales y territoriales del Estado plurinacional (…), el intercambio con los países vecinos y de la región latinoamericana (…) y con el resto del mundo”.

En relación con dicho artículo, Cifuentes señala que le parece negativo que las normas constitucionales regulen prioridades en el comercio internacional “partiendo por mercados locales, ya que induce nociones de proteccionismo en esta materia, que tanto dañaron al país en el pasado”.

Principios clave

En marzo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió a la Convención una propuesta, que no fue considerada por la comisión de Medio ambiente, que planteaba: “Las finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todos sus niveles e instituciones. En virtud del principio de sostenibilidad, la política fiscal deberá considerar su dimensión intertemporal y, especialmente, sus implicancias en el bienestar de las generaciones futuras”.

Sobre el punto, Cifuentes asegura que en materia de gasto, el texto elaborado por la comisión carece del principio de sostenibilidad fiscal “necesario frente a la amplitud de derechos que se están estableciendo”. Agrega que “así como la sostenibilidad ambiental es importante, también lo es la sostenibilidad fiscal, porque si por financiar los derechos de las generaciones actuales yo estoy imposibilitando los derechos de las generaciones futuras, creo que ahí hay un problema de fondo… y la forma de asegurar que eso no ocurra es tener principios de sostenibilidad fiscal”.

Fue otra comisión, la de Principios constitucionales, la que propuso y consiguió que el proyecto de Constitución incluya estos principios. En el artículo se señala que “las finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles”.

A juicio de Elisa Cabezón, economista, directora ejecutiva de Perspectivas y miembro de la red de Pivotes, para permitir un sistema económico favorable para Chile, la nueva Constitución debe cumplir con dos mínimos: “Mantener la seguridad jurídica sobre la propiedad privada. Esto permite emprender e invertir con seguridad, esencial para el progreso económico” e incluir “el principio de neutralidad competitiva, es decir, que empresas privadas y públicas compitan en igualdad de condiciones sin que el Estado les entregue ventajas a las segundas a través de subsidios, beneficios tributarios, exenciones de sanciones de libre competencia u otros”.

Cabezón explica que “si el Estado beneficia a las empresas públicas sobre las privadas, los privados pierden espacio para participar y colaborar en el desarrollo de nuestro país, y el poder de mercado se concentrará en el Estado”.

En materia tributaria, la comisión propuso que “todas las personas y entidades que establezca la ley deberán contribuir al financiamiento del gasto público, mediante un sistema tributario fundado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad” y que “la evasión, la elusión y cualquier otra acción encaminada a contribuir menos que lo establecido por el espíritu de la ley son contrarias a la Constitución”.

Pero para Fontaine todavía falta hablar de impuestos proporcionales: “Los cigarrillos, el impuesto a los combustibles, el impuesto de timbres a los créditos son impuestos proporcionales. Todos pagan en proporción de lo que está gravado”.