"Estamos peor"

Si fuera un escenario, esta es la parte que nadie realmente ve. Es el backstage donde no está las luces ni el glamour. Están los tramoyas, los técnicos, los expertos, todos los que hacen posible que el show continúe. Es la administración pública.

No es algo “sexy”, pero fundamental para que la maquinaria funcione: salud, educación, vivienda, elecciones, pensiones… todo.

Se dice que no se ganan votos haciendo campaña con ideas sobre la “cómo mejorar el funcionamiento del Estado”, pero los gobiernos saben que es clave para llevar adelante sus propuestas.

Este fue el tema que se trató la primera sesión del foro organizado por Pivotes -fundado por Bernardo Larraín- sobre modernización del Estado.

No buscan encontrar la solución a todo, pero sí analizar cuáles son los principales desafíos del área y plantear posibles herramientas para que estén a disposición de quien quiera emplearlas.

El martes, se reunieron expertos quienes hicieron una verdadera catarsis sobre la materia. Expresaron sus respectivas experiencias, contrastaron ideas y coincidieron en la urgencia del tema.

Verónica Pinilla, exChile 21: “Se conoce el diagnóstico, pero nadie quiere hacer nada”

Amaya Fraile, integrante del Consejo Asesor de Pivotes y exdirectora de la Secretaría de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, y Rafael Palacios, integrante del comité ejecutivo y del equipo de incidencia de Pivotes, y gerente de estrategia y opinión pública de Cadem, fueron los encargados de coordinar al grupo.

Tras hacer un diagnóstico sobre cómo ha crecido el Estado, el alto número de contratados a honorarios, cómo la gente no distingue entre Gobierno y Estado y la percepción de politización del servicio civil chileno -que es menor en comparación con los países de América Latina, pero nos quedamos atrás en relación al G20 y la OCDE- los coordinadores dieron la palabras a los presentes.

Antes, entregaron un dato fundamental: el costo fiscal de traspasar el personal de honorarios a contrata del Gobierno central podría llegar hasta US$380 millones. Esto, según un estudio de la Unab publicado en El Mercurio. ¿Por qué la importancia de la cifra? Porque un dictamen de la Contraloría estableció que desde 2023 el Estado no puede contratar más a honorarios.

El primero en tener la palabra fue el excontralor, y actual presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza.

“Estamos peor”, dijo de manera taxativa. “Existe menos flexibilidad, no hay certeza en los datos de los funcionarios del Estado, si se debe hacer ese traspaso de honorarios a contrata en los municipios terminarán quebrando. Hoy tenemos trabajadores contratados a los que no se les puede terminar el contrato”, fueron algunas de sus reflexiones.

Por su parte, Verónica Pinilla, exdirectora ejecutiva del área de Modernización del Estado de Fundación Chile21, planteó que el gran tema es “cómo el Estado cumple su función”, que hoy existe poca claridad de los objetivos de las instituciones públicas. “Se conoce el diagnóstico, pero nadie quiere hacer nada”, señaló. Agregó que es una discusión que lleva años. Particular importancia tiene la relación Gobierno- Estado, “que no es muy virtuosa”.

Y señaló algo en que todos coincidieron: “Hay sectores extremadamente sensibles como Salud y Educación donde deberíamos haber hecho cambios y no se ha podido”.

El controvertido rol de los partidos políticos en las empresas y servicios del Estado

“Los partidos capturan la administración del Estado”, fue uno de los puntos que puso sobre la mesa Claudio Sánchez, trabajador de Enap y secretario general de la Central de Trabajadores de Chile (CTCh).

Se refirió, así, a los problemas que ve en los sindicatos de las empresas. “Existe clientelismo, los dirigentes traen a sus familiares y los contratan, de esta forma se eternizan en los cargos”. Apuntó que “en los sindicatos es muy difícil ganar porque el padrón electoral les pertenece”.

“Mientas los partidos políticos sigan así esto será muy difícil de cambiar”, acotó.

Quienes también tienen que cumplir un rol en esta materia son los privados. Todos coincidieron que se pueden sacar experiencias de ese mundo. Por ejemplo, señaló Verónica Pinilla, en el ámbito de “atención al cliente” donde sería bueno tomar esa experiencia.

El «absurdo» en el sector público: “Todos quedan bien evaluados y todos se ganan los bonos»

Otro de los expertos presentes en la mesa era Jorge Rodríguez, exsubdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres. En la misma línea de Mendoza, señaló: “La situación está empeorando”. Señaló que se trabaja “en base a parches”. Uno de ellos es la ley de incentivo al retito. Ejemplificó que como no hay criterios de salida de la administración pública, terminan pagando bonos de hasta 30 millones de pesos para que retirar a la gente ya mayor.

Un problema en el que todos coincidieron es en la evaluación de funcionarios. “Todos quedan bien evaluados y todos se ganan los bonos. Es tan absurdo que cuando una persona postula a un cargo, en el cálculo del sueldo le incluyen los bonos”. Apuntó: “No se usa la evaluación para lo que debe ser”.

Y sentenció que si bien “las cosas más o menos funcionan” aún no se ha llegado a una crisis -salvo casos como el Sename- para que exista la urgencia de un cambio en cómo se administra el Estado.

Lo importante, concluyeron, es que cuando llegue ese momento de crisis, se cuente con las herramientas para enfrentarla.

El grupo, junto a otros expertos seguirá sesionando para dar con los instrumentos necesarias para poner a disposición.