El Mercurio:

Los cálculos del economista David Bravo sobre el escenario previsional y las tasas de reemplazo que entrega el sistema con la irrupción de la Pensión Garantizada Universal (PGU) abrieron el debate entre especialistas. La estimación del director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC sobre la relación entre pensiones e ingresos laborales se distancia de las mediciones que hasta ahora ha presentado el Gobierno, por ejemplo, a comienzos de este año.

Semanas después de presentar el proyecto de reforma a las pensiones, el Ejecutivo transparentó dicho cálculo, estimando en ese entonces que, bajo el sistema actual y considerando el aporte de la PGU, la tasa de reemplazo mediana en relación con el último año de ingresos laborales se ubicaba en 61% para el caso de los hombres y 58% en mujeres. Planteaba además que la reforma en su conjunto elevaría dicho indicador en 14 puntos porcentuales para los hombres, y 19 para las mujeres. Bravo, en cambio, estima que —bajo el mismo parámetro— las tasas actuales son de 76% y 67%, respectivamente, sobre montos líquidos.

Visión de expertos

Con distintos enfoques, destacados economistas consultados por “El Mercurio” concuerdan en que los nuevos datos arrojan conclusiones relevantes que obligan a repensar los objetivos y prioridades de una reforma. Por ejemplo, Salvador Valdés, Sénior Fellow de la UAI, cree que el estudio no cambia el diagnóstico del Ejecutivo respecto de la insuficiencia de las pensiones, pero pone el foco en otro parámetro: “En cualquier sistema contributivo (estatal, privado, reparto o capitalización), la tasa de reemplazo será insuficiente si el salario real imponible mediano se triplica en 30 años y la rentabilidad real obtenible en el mercado financiero va en descenso en esas décadas, como sucedió en Chile”. Sin embargo, en términos de prioridades, afirma que “las actuales personas menores de 50 años están sufriendo un riesgo mucho mayor de obtener pensiones contributivas insuficientes que los actuales pensionados. Esto se debe a factores chilenos: el estancamiento de los salarios reales y el aumento de las lagunas de cotización”.

Una visión similar plantea Elisa Cabezón, directora de Evidencia de Pivotes, que apunta a dos conclusiones tras el estudio: “1) El sistema fue eficiente en transformar cotización en pensión para los actuales jubilados, pero tuvieron una baja participación en el empleo formal, lo que explica las bajas pensiones. 2) Para las futuras generaciones de jubilados el desafío es mayor: enfrentarán menores tasas de rentabilidad y mayores expectativas de vida. Es crucial para estas generaciones —los actuales trabajadores— aumentar la creación de empleos formales a través del crecimiento económico y aumentar la tasa de cotización”.

Mirada sobre PGU

Una de las conclusiones de Bravo apunta a que la PGU representa, para quienes se pensionaron entre 2021 y 2022, el 60% de las pensiones de los hombres y el 85% en mujeres. En ese sentido, Klaus Schmidt-Hebbel, profesor titular de la UDD, destaca que Bravo da cuenta de un antecedente que se conocía en términos cualitativos, pero es relevante del punto de vista de las cifras: “Las tasas de reemplazo son muy altas y son tan altas como los países de la OCDE en promedio”. A su juicio, “esto le debería quitar prioridad y deberíamos reevaluar el rol de la PGU. El Pilar Solidario fue reformado bajo el gobierno anterior del presidente Piñera, sustituyendo un sistema adicional de subsidio que tenía un nombre distinto (APS), que básicamente era un complemento que disminuía con el nivel de la pensión autofinanciada. Ese sistema era muy superior a la actual PGU, de un punto de vista de diseño y de incentivo para participar en el mercado laboral. La PGU, si se coloca en forma muy elevada, es un enorme desincentivo para cotizar, es un impuesto al empleo formal”.

Opinión del Ejecutivo

En el Gobierno, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, indicó que el Gobierno ha utilizado la misma metodología que administraciones anteriores, y que los datos no cambian el diagnóstico: “El estudio establece que las tasas de reemplazo son mucho más altas de lo que en realidad se ha establecido históricamente por parte del Estado de Chile. Ahora, la pregunta de fondo es: con los montos de las pensiones que hoy día se pagan, ¿la gente puede vivir? La respuesta es no”.