Ley Lafkenche:
Pivotes asiste a comisión del Senado para discutir reforma
Este miércoles, José Antonio Valenzuela, director de Incidencia y Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes, participaron de la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado de Chile.
Ley Lafkenche: Pivotes asiste a comisión del Senado para discutir reforma
Invitados en calidad de expertos, discutieron la reforma a la Ley Nº 20.249, conocida como Ley Lafkenche, con el objetivo de mejorar su implementación.
La Ley Nº 20.249, promulgada en 2008, establece los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), administrados por comunidades indígenas para proteger el uso ancestral del borde costero. El espíritu de la norma busca asegurar la continuidad de prácticas ancestrales reconocidas por las comunidades, permitiendo una gestión autónoma y sostenible del mar y sus recursos.
Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de la ley es que, al solicitar un ECMPO, se suspenden otras solicitudes de concesiones sobre el área reclamada, como concesiones acuícolas o marítimas, hasta que se haya verificado el uso de los territorios para las prácticas ancestrales por CONADI. Una vez aprobada la solicitud, la comunidad debe presentar un plan de administración detallado para gestionar el espacio marino.
A pesar de las buenas intenciones, la ley ha presentado desafíos significativos.
Además de proteger las tradiciones indígenas, ha sido utilizada en algunos casos para obstaculizar proyectos de inversión, generando tensiones entre comunidades indígenas y actores económicos. Además, la tramitación de cada ECMPO promedia más de seis años, lo que ha ralentizado procesos de desarrollo y ha generado críticas sobre la eficiencia y equidad de la ley.
Por lo mismo, desde Pivotes y, a través del estudio: «Ley Lafkenche: alcance y consecuencias», analizamos estos problemas y el impacto de la ley en el desarrollo regional.
Este diagnóstico fue parte fundamental de la discusión en la comisión del Senado, donde Valenzuela y Sierpe destacaron la necesidad de reformar la ley para garantizar una norma ágil y equilibrada, que respete los derechos de las comunidades indígenas sin perjudicar el desarrollo económico.