Ley Lafkenche:

Desde que la Ley Lafkenche (20.249) fue publicada en 2008, hasta marzo de este año, se han decretado 224.404 hectáreas como Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo), mientras que las solicitudes que aún están pendientes abarcan 3.823.760 de hectáreas, lo que representa gran parte de la costa de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Esta legislación busca proteger y resguardar el uso consuetudinario que comunidades o asociaciones indígenas le pueden dar.

El centro de incidencia pública Pivotes, elaboró una propuesta de reforma a la Ley Lafkenche, compuesta por ocho puntos clave. Joaquín Sierpe, economista de la Universidad de Chile y encargado de desarrollar este estudio explica que «la consecuencia principal que tiene la ley Lafkenche es que en cuanto una comunidad indígena solicita un espacio marítimo, inmediatamente se congela cualquier solicitud que haya sobre ese espacio de, por ejemplo, concesiones marítimas, de acuicultura o áreas de manejo».

Tal como explica Sierpe, el mecanismo actual establece que una vez que se declara admisible una solicitud de Ecmpo, revisada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), las solicitudes para otros fines se suspenden.

Desde Pivotes indican que la primera medida propuesta es aumentar la exigencia del examen de admisibilidad de las solicitudes de Ecmpo, argumentando que el proceso se ha convertido en un «cumplimiento de trámites formales y no en un primer test de mérito de la solicitud». Debido a esto, la propuesta va en la dirección de implementar un «examen de suficiencia» previo a que se acepte la solicitud, además de que la Subsecretaría de Pesca tendrá que revisar los antecedentes necesarios para determinar que existe un mérito jurídico detrás de la solicitud.

El segundo punto sugiere que la suspensión de otras solicitudes se haga después de que Conadi verifique el uso consuetudinario, en lugar de cuando Subpesca acepta la solicitud, mecanismo que rige hoy. Como consecuencia, el tercer punto considera aumentar el personal, capacidades y presupuesto de Conadi para cumplir con el plazo legal de 24 meses para otorgar un Ecmpo, ya que actualmente el proceso toma en promedio unos 6 años.

Sobre este punto Joaquín Sierpe enfatiza que «muchas inversiones terminan estando congeladas por muchos años, terminan cayéndose y lo que hemos visto es que Conadi no tiene los recursos para poder hacer un correcto procesamiento de las solicitudes». La cuarta medida propone establecer un plazo máximo para que las solicitudes para otros fines en espacios solicitados como Ecmpo puedan estar suspendidas.

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt, Patricio Ampuero, indica que desde la institución concuerdan con varios puntos presentados por Pivotes, pero proponen directamente una derogación de la ley. «Entendemos que es algo bastante difícil de hacer hoy, pero sí proponemos generar una moratoria a las solicitudes que hoy están en trámite, mientras no se modifique o rectifique la ley, y el tremendo vacío que tiene esta ley respecto de la solicitud de espacios reales», explica. Además, indica que «esta fue una ley diseñada para pequeños grupos de interés para dejarlos contentos y conformes».

Actualmente, la guía de aplicación de la ley elaborada por el Ministerio de Economía dice que el área otorgada a comunidades indígenas para usar zonas costeras puede ser diferente de la solicitada, según lo que confirme Conadi. Sin embargo, ni la Ley Lafkenche ni el reglamento de otorgamiento de los Ecmpo lo especifican, lo que desde Pivotes enfatizan que puede desincentivar su uso. Debido a eso proponen una quinta medida, que sería aclarar en la ley o reglamento que Conadi puede confirmar solo parte del área solicitada, luego de su revisión, permitiendo a los solicitantes apelar esta decisión.

Frente a las discusiones y los elementos presentados por Pivotes, desde SalmonChile expresaron que «los excesivos tiempos de tramitación, la falta de herramientas por parte del Estado para su implementación y la conflictividad que esto ha generado es un tema transversalmente criticado por comunidades solicitantes y otros usuarios». Además, agregan que la redacción «amplia de la ley dificulta su interpretación y aplicación por parte de sus diversos intervinientes».

Las otras medidas que presenta Pivotes son eliminar el silencio administrativo positivo que actualmente tiene la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (Crubc), porque al ser el último organismo de revisión, en el caso de no emitir un pronunciamiento se aprueba la solicitud de Ecmpo; digitalizar el proceso de otorgamiento de los Espacios Costeros para conocer en tiempo real los avances; y la creación de una mesa de diálogo que integre a todos los actores involucrados, desde las comunidades indígenas, representantes de los gremios productores y autoridades nacionales y regionales.

A modo de conclusión, Patricio Ampuero afirmó que «el problema es artificial. Históricamente en los mismos espacios marinos han convivido las comunidades indígenas, los recolectores, la pesca artesanal, la industria acuícola, los trabajadores de ribera. Siempre han convivido en armonía todos los factores de la zona sur referente a espacios marítimos».

6 años puede llegar a demorar la tramitación de una Ecmpo. Durante ese tiempo, otras solicitudes en ese territorio se congelan.