LA SEGUNDA
Los cotizantes de clase media
que no se benefician del 3-3 del Gobierno
Expertos opinan sobre la indicación del Gobierno en la reforma de pensiones, que considera un seguro social.
Ayer, en el contexto de la discusión por la reforma de pensiones en el Congreso, el Gobierno ingresó una indicación respecto a cómo se repartiría el 6% de cotización adicional en el proyecto de ley.
Por una parte, se propone que un 3% vaya a un seguro social (antes el Gobierno proponía un 4%), y por otro lado, el restante 3% iría a las cuentas de ahorro individual.
De este 3%, un 70% (o un 2,1% del 6% total que se debate) iría directamente a las cuentas de los ahorrantes y un 30% (o un 0,9% del total) consideraría un factor de solidaridad intrageneracional, es decir, quienes menos ganan reciben más de lo que cotizan.
El diseño que el Gobierno propuso para destrabar la discusión y que logró su aprobación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sin los votos de los parlamentarios de derecha, de todas formas despertó críticas entre los expertos cercanos a la derecha y centro derecha, quienes plantean que esta propuesta sigue siendo perjudicial para la clase media.
‘Algunos cotizarán por años y no recibirán nada’
‘Una persona, hoy joven que, por ejemplo, tiene un sueldo bruto de $1.200.000 o líquido cercano a $950 mil, no recibiría prácticamente nada en su jubilación del seguro social que plantea el Gobierno, a pesar de haber cotizado ese 3% nuevo a lo largo de su vida. Y alguien que gana $1.500.000 líquidos, no recibirá nada de nada de ese seguro, aunque cotice todos los meses ese 3% por 22 años’, asegura Bernardo Fontaine, economista y quien fuera vocero de la organización ‘Con Mi Plata No’.
Eso sucede, dice, debido a que, a través del seguro social, se financiará una garantía de pensión a los jubilados, equivalente a 0,1 UF por año cotizado, pero esta garantía disminuye a medida que las nuevas generaciones de jubilados se autofinancien su pensión con el 3% extra de cotización que va a su cuenta individual.
El tope de dicha garantía es 3 UF, o alrededor de $110.500 hoy.
‘Si el nuevo jubilado logra una pensión autofinanciada mayor a esta garantía recibe cero ayudas del seguro social. Esto provoca que los trabajadores jóvenes que coticen regularmente estarán entregando el 3% de su sueldo a los actuales jubilados sin recibir nada cuando les toque jubilar’, explica Elisa Cabezón, economista y directora de Evidencia de Pivotes, ‘think tank’ ligado al empresario Bernardo Larraín.
‘Si eres joven o estás iniciando tu vida laboral vas a aportar ese 3% del reparto, pero después de 15 o 20 años la pensión que recibirías por el 3% que iría a cotización individual va a ser de un monto superior al de la garantía. O sea, te puede tocará tu pensión y no la garantía’, agrega Ingrid Jones, la economista centro de estudios Libertad y Desarrollo.
‘Es un modelo que nadie usa, ¿para que tomarlo nosotros?’
Del 3% que iría a cuentas individuales, un 2,1% se destinaría íntegro a la cuenta del ahorrante, y un 0,9% se repartiría en proporción al sueldo imponible promedio.
Fontaine explica que el sueldo imponible promedio hoy ronda los $1.200.000 brutos para hombres y $1.040.000 brutos para mujeres, y quienes ganan sobre dichos montos no recibirían ese 0,9% de su cotización mensual de manera íntegra en sus cuentas, ya que lo aportarían a los ganen bajo dichos montos.
‘Los trabajadores que ganan sobre el sueldo promedio le transfieren a los que ganan bajo el sueldo promedio. Los trabajadores que tienen bajas tasas de reemplazo con la PGU quedarán más descubiertos todavía con este diseño’, comenta Cabezón de Pivotes.
Otra crítica viene del académico de la UAI, Salvador Valdés, quien comenta que el sistema de distribución con solidaridad intrageneracional que plantea el Gobierno ‘es un sistema de distribución que ningún país de la OCDE usa’.
‘Los países de la OCDE se han dado cuenta que es una mala idea, que hay mejores maneras de distribuir intrageneracionalmente, como crear un suplemento para la Pensión Garantizada Universal (PGU) que esté más focalizada que la actual en los más pobres’, explica el economista.
Valdés plantea que el único país de la OCDE que tenía un sistema como el planteado por el Gobierno era México, con un monto fijo que iba a cada cuenta individual cada vez que se cotizara, pero que fue derogado en 2022.
‘Esto sucedió porque descubrieron que es un mecanismo ineficiente, que deja fuera a los realmente pobres, que tienen mayores lagunas de cotización o simplemente no cotizan, y que entonces quedan fuera de este aporte’, dice.
Valdés también afirma que podría haber un problema con la subdeclaración, porque quienes no transparenten todos sus ingresos, y con esto queden bajo el sueldo promedio imponible, podrían recibir el beneficio de todas maneras.
‘Es un modelo que nadie usa. ¿Por qué vamos a implementarlo nosotros? ¿Para qué ponernos creativos’, se pregunta.
