Más de la mitad de los egresados con CAE vigente

Entre diciembre de 2021 y marzo de 2023, el mayor aumento en el retraso vino por parte de los beneficiados que lograron terminar sus estudios y egresar de la enseñanza superior.

“No más deudas por estudiar”, es el mensaje que ha entregado el Presidente Gabriel Boric en distintas oportunidades, como en su primera Cuenta Pública, en 2022, cuando aseguró que este año se ingresará una iniciativa de ley que permita un plan de condonación para todos los deudores, “de manera gradual y justa”.
Más de 800 mil personas están en la etapa del pago del Crédito con Aval del Estado (CAE), aunque también ha aumentado el número de deudores que han dejado de pagar el crédito tras la promesa, incrementando la tasa de morosidad.
La propia Comisión Ingresa, que otorga el beneficio educativo, ha dado cuenta de que el crecimiento de la morosidad “puede obedecer al impacto económico de la pandemia y a la menor disposición al pago que origina la posibilidad de que las deudas de educación sean condonadas”.

Casi 100 mil nuevos
En ese contexto, el centro de estudios Pivotes —que preside Bernardo Larraín Matte— realizó una radiografía del pago del crédito desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2023, última información disponible. Allí se puede apreciar que durante el primer trimestre de 2022, posterior a la elección presidencial, la morosidad del CAE aumentó en 9 puntos porcentuales, pasando de 52% al 61%.
Luego, a mediados de 2022 volvió a presentar una tendencia al alza, que se ha mantenido desde entonces. En marzo de este año alcanzó el 58%.
El alza se traduce en que en todo el período analizado 98 mil deudores en etapa de pago dejaron de cumplir con sus cuotas mensuales (Ver infografía).
Por otra parte, se detectó que quienes más dejaron de pagar son profesionales que sí podrían hacerlo, distinto a lo que se piensa de que se trata de una mayoría de jóvenes que desertaron de la universidad y no lograron culminar sus estudios, por lo que figuran endeudados y sin recibir la retribución económica de la carrera profesional.

En detalle, desde diciembre de 2021 a marzo de 2023, los egresados aumentaron en 7 puntos porcentuales en la morosidad (del 44% al 51%), mientras que los desertores lo hicieron en una proporción de 4 puntos porcentuales (78% al 82%).
Lo anterior marca que por primera vez desde el salto que hubo tras la elección presidencial de 2021, quienes están al día son minoría entre los deudores del crédito que lograron egresar de la universidad.
Bárbara Manríquez, experta de Pivotes y exjefa de gabinete del exministro de Educación Raúl Figueroa, considera que “las expectativas de condonación del CAE han deteriorado persistentemente el comportamiento de pago”, ya que “cerca de 6 de cada 10 exestudiantes están morosos, lo cual es una situación sin precedentes antes de la elección del actual gobierno”.
En ese sentido, plantea que “todo indica que haber realizado esta promesa fue una decisión incorrecta no solo desde el punto de vista técnico, sino que también desde la perspectiva política, pues por un lado la morosidad creciente aumenta la presión y la tensión en torno al financiamiento de la educación superior”.

Manríquez añade que la discusión de la política “desvía el foco de lo que actualmente es urgente, es decir, la recuperación educativa y la opción de que las escuelas cuenten con mayores recursos”.
Para Juan Eduardo Vargas, vicerrector académico de la U. Finis Terrae y exsubsecretario Educación Superior, lo que se debe hacer “es parar en seco la incertidumbre” que ha generado el anuncio de condonación, en términos de “definir cuál será el grupo de deudores que eventualmente se verá beneficiado por una condonación, y acotarlo estrictamente a ese grupo, estableciendo adicionalmente que la condonación beneficiará mayormente a aquellos deudores que se encuentren al día con sus pagos”.

Por otro lado, apunta que se debe aclarar cuál será el sistema de crédito que remplazará al CAE, con incentivos para que los deudores se trasladen al nuevo sistema.
Además, Vargas dice que “las autoridades deben terminar con el discurso de la injusticia que supuestamente representa la deuda educativa, no solo porque en países desarrollados también es un instrumento utilizado, sino porque en la medida en que las autoridades denuestan al crédito, lo tildan de injusto y no dan muestras de preocupación por su morosidad, generan incentivos para que los deudores de cualquier sistema de crédito, como CAE o el que lo reemplace, no lo paguen”.

José Joaquín Brunner, académico de la U. Diego Portales, coincide en que “esto se debe frenar y declarar inmediatamente qué es lo que se pretende hacer con un mecanismo tan relevante. El Gobierno debe apurar en definir cuál va a ser su política en esta materia, porque, de lo contrario, la paradoja es que el propio Gobierno está incrementando el problema que hasta aquí no ha podido resolver, y lo está haciendo cada vez más grande”.