EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA, EL MERCURIO DE CALAMA, EL MERCURIO DE VALPARAÍSO
Más simpleza en el trámite ambiental
Una presentación realizada por la Fundación Pivotes a la comisión de Medio Ambiente del Senado, donde se discute en primer trámite constitucional el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, advierte varias imperfecciones en la iniciativa, que es impulsada por el Gobierno para reducir la burocracia y acotar los tiempos de tramitación de grandes proyectos.
Un primer aspecto advertido por el centro de estudios ligado al expresidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, es que el proyecto no cumple con establecer un marco mínimo de certezas para que los empresarios vuelvan a confiar en una tramitación ambiental sin dilaciones excesivas ni influencias políticas directas, como ocurre hoy con el rol que juegan el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental.
La idea es buena, plantea Pivotes, pero la iniciativa legal queda corta, le faltan ambición y medidas concretas efectivas para recuperar el tranco de la inversión perdido desde 2019 y sin recuperación visible, al menos en la Región de Valparaíso. Sobra decir que es en esta zona donde los conflictos ambientales se han agudizado, debido a que el actual sistema no ofrece salidas adecuadas, ni para las comunidades inquietas por la perspectiva de un gran proyecto ni para el inversionista que trata de instalar una nueva empresa.
La sugerencia que hace Fundación Pivotes es simple y ahorraría tiempo a los emprendedores y las comunidades involucradas, ya que plantea separar en dos etapas la tramitación ambiental. La primera, más política, incluye la participación ciudadana y de autoridades establecer la viabilidad de un proyecto, bajo la exigencia de que se obtengan términos de referencia claros y vinculantes. La segunda es eminentemente técnica y debe establecer las mitigaciones y compensaciones necesarias para que la iniciativa cumpla con el doble objetivo de ser un aporte económico y un riesgo acotado para el medio ambiente.
Si el Gobierno quiere transformar el tímido proyecto en trámite en una legislación robusta que sea capaz de acelerar la inversión, especialmente en la Región de Valparaíso, debe apostar a simplificar el proceso y lograr desde temprano definiciones vinculantes que den certezas a todas las partes.