Mayoría de las 12 iniciativas populares de norma con más firmas

Buena parte de las proposiciones de la lista corresponde a ideas vinculadas a sectores de derecha; las que la izquierda impulsó obtuvieron magros resultados.

Un “guiño” a varias iniciativas populares de norma (IPN) decidieron hacer los representantes de derecha del Consejo Constitucional, sumando parte de los articulados a propuestas que luego ingresaron como unidades de propósito (UDP, es decir, redacciones comunes) y que fueron aprobadas en las comisiones, mayormente con votos de oposición.
Es el caso, por ejemplo, de “Con mi plata no”, que planteaba garantizar la propiedad y heredabilidad de los ahorros previsionales, y que en el proceso anterior fue rechazada por los convencionales. Técnicamente, la propuesta no se aprobó, sino que los consejeros del P. Republicano y Chile Vamos presentaron una redacción que recogió sus aspectos centrales.
La UDP, que se visó con 9 votos a favor y 5 en contra del oficialismo, establece que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta”, y añade que no podrán ser expropiados por el Estado.
Como en este caso, “El Mercurio” hizo un análisis del destino de las 12 IPN más votadas, de las 34 en total que se discutieron.
La que logró más firmas fue “Chile por los animales” (25.415), impulsada por agrupaciones animalistas. Proponía que “los animales son seres vivos dotados de sensibilidad” y “es deber del Estado dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación”.
La IPN se rechazó, pero se aprobó una UDP de la derecha para sumarla al listado de deberes constitucionales, que dice que “es deber del Estado y de las personas promover la protección de los animales y su bienestar, como asimismo promover su respeto a través de la educación, de conformidad a la ley”.
Si bien la derecha celebró la aprobación, la izquierda cuestionó que se deje en un apartado que calificaron de “simbólico”.
“Con mi plata no”
La segunda con más firmas fue “Con mi plata no” (24.505). La tercera, “Por el derecho preferente de los padres” (19.941), postulaba que “los padres son los primeros y fundamentales educadores. Ellos, o en su caso los tutores, tienen el deber y derecho preferente de educar a sus hijos o pupilos”.
La propuesta no se votó al entenderse rechazada por ser incompatible con el texto aprobado en la comisión, que recogía parte de su contenido. La norma visada, impulsada por la derecha y aprobada solo con votos de ese sector, dice que “las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior”.
La siguiente fue “Por un Estado sin pitutos” (18.706), de Pivotes, Horizontal e IdeaPaís, entre otras. Buscaba establecer un nuevo régimen de designación, contratación, promoción y cese de funciones para funcionarios públicos, de “naturaleza técnica, profesional y meritocrática”.
La propuesta se aprobó con modificaciones y nuevos incisos propuestos por la derecha, en el marco del capítulo de Gobierno, solo con votos de la oposición.
Luego está “Una policía que nos proteja” (18.307), de la agrupación “Yo apoyo a Carabineros”. Planteaba una exención de la responsabilidad penal para cuando los miembros de las FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública empleen racionalmente la fuerza “dentro del marco constitucional, legal y reglamentario que corresponda”.
La IPN se rechazó, solo con un voto a favor del republicano Ricardo Ortega, pero en parte fue acogida en una UDP de la derecha, que se aprobó solo con votos de oposición y el voto en contra de Gloria Hutt (Evópoli), y consigna que “corresponderá a la ley determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal”.
“Agua para la vida”
A renglón seguido, “Agua para la vida” (10.267) buscaba incorporar que toda persona tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico, lo que se rechazó, con votos a favor únicamente del oficialismo.
En cambio, se aprobó una enmienda de la derecha que habla del derecho al acceso al agua y saneamiento, del deber del Estado de garantizarlo a las generaciones actuales y futuras, y de la obligación estatal de “promover la seguridad hídrica, acorde a criterios de sustentabilidad”.
En cuanto a “Toda vida cuenta”, de Siempre por la Vida, no se votó porque se aprobó, solo con votos de oposición, una UDP de la derecha. La IPN hablaba de que “son personas todos los individuos de la especie humana. La Constitución protege y respeta irrestrictamente la vida del niño que está por nacer”, y en las normas aprobadas se recogió que “todo ser humano es persona” y que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, ambas con rechazos de la izquierda. La primera redacción se descartó ya el viernes en el pleno.
“Educación pública…”
La novena más votada fue “Educación pública para Chile” (15.266), del Consorcio de U. del Estado de Chile (CUECh). Esta promovía que el Estado “proveerá educación pública, laica, pluralista y de calidad, a través de establecimientos educacionales propios, en la enseñanza parvularia, básica, media y superior, emplazados y articulados en todos los territorios del país (…). El Estado garantizará la calidad y el financiamiento que requieran sus establecimientos educacionales”.
Si bien se entendió rechazada por ser incompatible, se recogió parte de esta en una UDP que incluso firmó el vicepresidente del Consejo Constitucional —y exrector de la U. de Valparaíso—, Aldo Valle (ind.-PS), y se aprobó de forma unánime. Esta apunta a que “El Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad, a través de establecimientos propios en todos los niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia, básica y media”.
La décima propuesta, “Me cuidaron, cuido y me cuidarán” (14.935 firmas), fue rechazada, solo con votos a favor del oficialismo. Esta planteaba un derecho a los cuidados, reconociendo el valor y función social de los cuidados, el deber estatal de garantizarlos a personas en situación de discapacidad y con enfermedades graves, entre otras.
Sin embargo, se aprobó un nuevo deber, solo con votos de consejeros de derecha, que dice que “la familia tiene el deber de cuidado de todos sus miembros. El Estado debe crear las condiciones necesarias para que el cuidado se realice de forma adecuada y conforme a las necesidades tanto de la persona que cuida como aquella que es cuidada”.
La 11a, “Por una salud digna” (14.526), impulsada por agrupaciones de la salud, establecía un sistema universal, público, solidario, intercultural, garantista, descentralizado, desconcentrado y participativo. Se rechazó, solo con votos a favor del oficialismo, y se aprobó, con votos de la derecha, una UDP que crea un plan de salud universal, “sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales”.
La última de la lista es “Derecho a la vivienda digna, segura y propia” (14.161), impulsada por dirigentes sociales, que buscaba consagrar el derecho a la vivienda digna, segura y propia. Se rechazó, solo con votos a favor de la izquierda, pero se aprobó el artículo del anteproyecto que habla de la vivienda “adecuada”.