Pivotes propone estatuto jurídico único

Enfocarse en los desafíos urgentes del país. Ese fue el norte que Pivotes, referente creado por el empresario Bernardo Larraín Matte, puso en marcha con los foros EnFoco.

En ellos, Pivotes —definido como un laboratorio de políticas públicas— convocó a más de 80 personas, entre autoridades, académicos, expertos y profesionales con conocimiento directo de las problemáticas que buscaban abordar.

‘Proponemos contribuir a reconectar a la ciudadanía y los líderes de opinión con las políticas públicas y soluciones privadas que contribuyan a enfrentar los desafíos comunes’, afirma Larraín Matte.

Entre quienes participaron de las 20 sesiones de los foros estuvieron los exministros Ignacio Briones, Adriana Delpiano, Raúl Figueroa, Juan Carlos Jobet y Rodrigo Valdés; el excontralor Ramiro Mendoza; el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez; la científica y primatóloga Isabel Behncke, la exsubsecretaria María José Abud y la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst.

En las temáticas abordadas estuvieron las brechas de aprendizaje aumentadas por la pandemia, la informalidad laboral, la pérdida de dinamismo de la economía de recursos naturales y las falencias del Servicio Civil y el empleo público.

La labor que realizaron también generó interés en otros actores. De hecho, Bernardo Larraín asistió junto al equipo ejecutivo de Pivotes en diciembre a las oficinas del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se interesó en el trabajo desarrollado en torno al empleo público.

Una selección de las propuestas se presentó el pasado martes frente a un panel compuesto por Ignacio Briones, la académica UC Susana Claro y la gerenta de Asuntos Públicos de BancoEstado, Verónica Pinilla, además de una exposición final de comentarios y análisis del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, columnista de ‘El Mercurio’.

Empleo y Servicio Civil

Uno de los diagnósticos que expone Pivotes es que ‘continúan contándose por miles los funcionarios de exclusiva confianza’ que contrata el Estado en cada gobierno y que ‘hoy existen más de una docena de estatutos que regulan las tres modalidades del empleo público, mientras en el sector privado todos los trabajadores se rigen por un solo código del trabajo’.

Así, entre las propuestas está ‘un Estatuto Jurídico Único para la Administración Pública’, con un régimen único de contratación que reconozca su carácter técnico y profesional y contemple un sistema de evaluación de desempeño, así como la opción de desvinculación por mal desempeño con una indemnización por años de servicio; un esquema de ingreso a la función pública por concurso, sin excepciones; y movilidad horizontal’.

Asimismo, señalan la necesidad de ‘transformar la Alta Dirección Pública en un órgano independiente responsable de dirigir la política de personas, que asuma con independencia del gobierno de turno las atribuciones adicionales que le entregó la reforma del 2006’.

Recursos naturales

Otro de los aspectos que se analizaron fue el estado de la economía y los recursos naturales. En parte del diagnóstico afirman, por ejemplo, que ‘en el litio, de producir el 41% en 2016, bajaremos a menos del 11% a fines del 2030. Ya nos duplica Australia, y está pronto a superarnos Argentina (…)’.

En esta área, enfatizan en ‘gobernanzas mixtas Estado-Academia-Empresa’ en macro-zonas integradas por regiones con vocación económica, social y territorial común. La idea, afirman, es que ellas levanten líneas bases ambientales; nutran los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial Macrozonales y sienten las bases de esquemas de distribución del valor generado.

Aprendizaje

Pivotes recuerda que Chile fue el país que perdió más días de clases lectivas presenciales en la OCDE: ‘259 días, de acuerdo con su reporte de octubre de 2022’. Y que las últimas estadísticas publicadas por el Mineduc apuntan a que 50.529 estudiantes no se matricularon en el último año, y que 1.254.000 alumnos tienen niveles de asistencia inferior al 85%, considerado como ‘grave’.

Entre las propuestas para abordar este complejo panorama describen que hay que complementar, para luego aprobar, el proyecto de ley que flexibiliza el uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP); potenciar y ampliar el rol de las ATE (Agencias de Asistencia Técnica Educativa) para dar apoyo a los establecimientos educacionales. Así como validar y extender el rol de los Contratos de Impacto Social, o pago por resultados, como modalidad para financiar innovaciones en el sistema educacional provenientes de organizaciones de la sociedad civil y emprendimientos.

Informalidad laboral

En los foros de EnFoco se comentó que el trabajo formal lleva 9 años estancado entre 35% y 37% del total de población en edad de trabajar, lo que es 14 puntos menos que el promedio de los países desarrollados de la OCDE. Del mismo modo, existe una importante brecha de género en el mismo ámbito.

Así, proponen homologar la definición de pyme al estándar de la OCDE y extender a este universo de empresas un nuevo Régimen Tributario Pyme.

Por otro lado, en el contexto del proyecto de ley de 40 horas, proponen profundizar los espacios de flexibilidad y adaptabilidad laboral, permitiendo que empleadores y trabajadores puedan pactar una jornada ordinaria de trabajo mensual que no exceda las 180 horas.

‘En torno a las propuestas de política pública que hemos seleccionado, la Constitución tiene mucho que decir’, afirma Larraín Matte. Es por ello que también propusieron algunas ‘habilitaciones constitucionales’ con miras al nuevo proceso que se inicia.

Algunas de las propuestas con miras a la nueva Constitución

Administración pública

—Se desempeñarán cargos directivos y personas funcionarias, que no serán de exclusiva confianza y cuyo ingreso, desarrollo, capacitación y cese serán regulados por un estatuto jurídico único e independiente de la lógica política, de manera que ejerzan su función de forma imparcial, objetiva, políticamente prescindente.

Desarrollo y sostenibilidad

—(…) Conformar a nivel de macrozonas que integren regiones con una vocación territorial común, gobernanzas mixtas integradas por Estado, academia y empresa para establecer bases de desarrollo sostenible de los recursos naturales; e instalar capacidades estatales.

—Bajo el principio de desarrollo sostenible, el Estado otorgará concesiones o derechos de uso para permitir el uso de bienes de uso público (sin exclusión alguna), velando por la eficacia y eficiencia en su asignación, uso y caducidad; y podrá establecer restricciones proporcionales y no discriminatorias para asegurar su rol ecosistémico y social, y con protección del derecho de propiedad para resguardar su rol económico.

Educación

—(…) La educación pública estará compuesta por establecimientos estatales y privados, los que podrán integrar a su proyecto educativo apoyo técnico, modalidades educativas, innovaciones y capacidades provenientes de la sociedad civil y el emprendimiento.

—Proponemos que la Constitución establezca que ‘los establecimientos educacionales que forman parte de la educación pública son titulares de la libertad para desarrollar sus proyectos educativos con autonomía en el marco de los fines, principios y marco regulatorio de la educación pública’.