“Problemas de diseño”

La crisis de Atacama ha levantado cuestionamientos al sistema creado en 2017. Algunas de las dificultades fueron, según expertos, anticipadas en la discusión de la reforma.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), cursa la peor crisis que, hasta ahora, ha debido enfrentar en los pocos meses que lleva en el cargo. La crisis en Atacama, con el paro de profesores y los más de tres mil escolares que suman 50 días sin clases, ha levantado cuestionamientos a la Nueva Educación Pública, que “desmunicipaliza” la enseñanza y crea los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para administrar los colegios.

La norma, que forma parte de la reforma educacional del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se promulgó en 2017, tras casi dos años de tramitación legislativa, época en la que, además, el actual secretario de Estado se desempeñaba como asesor en el Mineduc. Y pese a que el texto se despachó por unanimidad en el Senado, siempre hubo reparos sobre cómo se realizaría su implementación y las consecuencias que tendría.
Se cuestionaba que la reforma no establecía con claridad las responsabilidades necesarias ni definía un esquema claro de rendición de cuentas, aumentaba la centralización y debilitaba los vínculos locales de los establecimientos, además de las dificultades con el traspaso de los inmuebles y los problemas de financiamiento en aquellos municipios adeudados. Advertencias que hoy cobran particular fuerza.

“Es una reforma que desde su origen fue mal planteada”
Jaime Bellolio, entonces diputado de la UDI e integrante de la comisión de Educación, recuerda que “esta es una reforma que desde su origen fue mal planteada, y así lo dijimos (…). Los problemas que tenía la municipalización no se resuelven mediante la reforma que se hizo”.

“Alto riesgo de captura política en lo territorial”
Similar opinión tiene el exministro de Educación Raúl Figueroa, quien tuvo que enfrentar el comienzo de la implementación de esta reforma: “En su origen, el sistema de educación pública tiene importantes problemas de diseño que podrían haberse corregido si se hubiesen escuchado los reparos que se hicieron durante el debate legislativo, pero que lamentablemente no se abordaron”.

Y critica que “se pretendía que por el solo hecho de cambiar la estructura administrativa de quien dirige los colegios, iba a mejorar la calidad de la educación en esa zona, y eso ciertamente no es suficiente (…). Se eliminó lo positivo que tenía la municipalización, que era la descentralización y la cercanía a los problemas, y se reemplazó por un aparato burocrático más complejo de administrar, con un alto riesgo de captura política en lo territorial, y de centralización en su toma de decisiones”.

“Es importante que quienes idearon este sistema, y hoy día tienen que administrarlo, sean capaces también de reconocer dónde están los problemas de diseño para poder abordarlo”, apunta Figueroa.

“Un retroceso, como está quedando demostrado”
El senador José García Ruminot (RN), quien también tuvo que discutir en el Congreso la ley en su momento, comenta que se advirtió todo lo que se había ganado en descentralización y agilización de la administración de los establecimientos, pero que “frente a esta creencia de que se volvía a depender del Ministerio de Educación, finalmente fue la tesis que se impuso. Y no logramos tener la fuerza para convencer de que finalmente esto iba a significar un retroceso, como está quedando demostrado”.

“Estamos frente a una situación que invita a repensar el modelo. Los SLEP no están dando los frutos que se esperaron, se están transformando en un gran problema. A las comunidades les molesta sobremanera esta especie de centralización que se ha producido”, afirma el congresista.

“La ley que se aprobó fue descuidada en la transición”
Lo mismo alertaba a comienzos de 2022 el exministro de Educación Harald Beyer, quien en entrevista con “El Mercurio” decía que “la ley que se aprobó fue descuidada en la transición, y los problemas que han estado sucediendo tienen que ver con esa transición mal diseñada. Por una parte, los incentivos de los municipios a traspasar mucho más personal y equipo de lo necesario, y por otra parte, una cierta incapacidad del nuevo sistema de contar con equipos. Aquí hay la sensación de que el Estado puede tomar cualquier tarea y hacerla bien, y la verdad es que las instituciones o las organizaciones que se han instalado en muchas de estas reparticiones no son suficientes para lidiar con estas complejidades. Este es un mundo muy complejo y creo que se pensó que esto iba a ser un proceso mucho más simple. Entonces, el fetichismo de los plazos creo que es equivocado, porque uno quiere que esto resulte bien. No podemos seguir peloteando el tipo de instituciones públicas que queremos tener”.

“Hubo un acuerdo transversal, político y también técnico”
Pero, Jorge Ibáñez, director de política educativa de Educación 2020, recuerda que “en su momento, la Nueva Educación Pública fue aprobada por unanimidad por el Senado. Y eso quiere decir que hubo un acuerdo transversal, político y también técnico, de que los municipios no podían seguir administrando la educación pública del país. Porque tenían serios problemas administrativos y financieros, y porque era clara la pérdida de matrícula en la educación pública permanente en el tiempo desde la municipalización. Además, tenían muy bajos resultados en aprendizaje”.

“Pasan a cometerse en parte los mismos errores”
Mientras que Magdalena Vergara, directora de estudios en IdeaPaís, dice: “Se veía que se achacaba principalmente a la municipalización gran parte de los problemas que tenía la educación pública. Sin embargo, me parece que eso pasó también por una cuestión política de querer echar atrás una política hecha por (Augusto) Pinochet. Porque si bien la educación pública tenía problemas que eran graves (…), había soluciones que eran posibles sin la necesidad de cambiar netamente la administración”.
“Se crea una nueva institucionalidad, pero pasan a cometerse en parte los mismos errores”, critica. Y agrega: “Había un diagnóstico de que la implementación y su envergadura iban a generar una serie de problemáticas. Porque era tal la nueva implementación, que si no se hacía bien no se iba a poder lograr ese foco en el apoyo pedagógico, que era algo que se buscaba, o la profesionalización”.

“La realidad da un portazo a las buenas intenciones”
Angélica Cepeda, directora ejecutiva del centro de estudios Pivotes, menciona que “cuando se aprobó la reforma que creaba los SLEP, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, uno de los puntos que se recalcaba era que este modelo permitiría dar respuestas de mejor calidad en temas como la infraestructura educacional, algo que también ha manifestado este Gobierno. Sin embargo, nuevamente la realidad da un portazo a las buenas intenciones, con el problema que quienes pagan el costo son niños y familias que se quedan sin opciones para una educación digna y que sea verdadero motor de movilidad social”.
“En un momento en que las propias autoridades han reconocido que la implementación inicial de los SLEP ha revelado flancos en su diseño, lo más responsable es hacer un análisis exhaustivo y conseguir un acuerdo que permita corregir aquellos problemas que son estructurales. De lo contrario, nos arriesgamos a que las instituciones que aparecían como una forma de mejorar la educación pública se conviertan, de cara a la ciudadanía, en otro ejemplo de implementación defectuosa”, menciona Cepeda.

Se suman seis servicios locales en 2024, en medio de temor por desmunicipalización
El SLEP (Servicios Locales de Educación Pública) de Atacama —que se hace cargo de 79 establecimientos, incluidos jardines, colegios y liceos de las comunas de Chañaral, Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y Diego de Almagro— se convirtió en un símbolo de que el traspaso no funcionó bien. Sin embargo, el próximo año se suman otros seis, en medio de un clima de temor a la desmunicipalización.
Si bien Ibáñez reconoce que “la situación de Atacama es inaceptable, y ahí han ocurrido hechos de negligencia, de mala administración”, también enfatiza que “tenemos que ser conscientes de que no podemos extrapolar la situación del SLEP de Atacama a los otros 10 que están funcionando. Como fundación hemos trabajado con el SLEP Gabriela Mistral, con el SLEP Costa Araucanía, en relación permanente con el SLEP de Llanquihue, y son servicios locales de educación que están funcionando bien”, dice Ibáñez.
Y agrega: “No quita que hay que hacer ajustes y mejoras, (…) mirar qué es lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal y realizar los ajustes necesarios”.
Sin embargo, el senador García comenta que “en la Región de La Araucanía, los colegios de Toltén tienen que ir a donde está la Dirección de Educación, que es en Carahue (…). Y eso hace que todas las decisiones se van demorando, las resoluciones que se tienen que tomar de manera inmediata, ya sea para la mantención de un colegio o su reparación, se demoran meses y a veces años (…), aunque es verdad que no tenemos situación de remuneraciones impagas ni de deudas previsionales, lo que ha sido, en mi opinión, un aspecto positivo de los SLEP. Pero esto otro para las comunidades está resultando demasiado burocrático”.