¿Exigir asistencia sin seguridad?

Señor director:

La continuidad del proceso educativo es imperativa, por lo que muchas organizaciones hemos promovido la asistencia a clases y que las suspensiones por elecciones, eventos climáticos u otras contingencias sean siempre excepcionales. Sin embargo, ¿nos hemos detenido a pensar lo que significa para padres, madres y apoderados enviar hoy a sus hijos al Internado Nacional Barros Arana (INBA) o al Liceo José Victorino Lastarria? Tomando en consideración que en el proceso de admisión escolar 2025, solo un 52,7% de los estudiantes quedó en su primera preferencia, resulta incomprensible que además exijamos a sus familias aceptar alternativas que no garantizan lo más esencial: la integridad física y psíquica de los estudiantes.

Desde Pivotes hemos impulsado declarar la garantía del derecho a la educación como un servicio esencial, lo que resulta fundamental para fortalecer la educación pública. Esto implica que además de asegurar la continuidad del servicio educativo, se deben exigir estándares mínimos relacionados con la seguridad en los establecimientos y el bienestar de las comunidades. En concreto, por ejemplo, dejar de tolerar las protestas y tomas ilegales o el ingreso y uso de elementos que pongan en riesgo a estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

Cuando estos mínimos no se cumplan y no se adopten medidas drásticas, las familias deberían recuperar su derecho a elegir, teniendo prioridad para postular a otros colegios.

El fin de la selección y la eficiencia en el uso de la infraestructura escolar no puede ser más importante que el derecho de padres, madres y apoderados que no validan la violencia a optar por colegios en que la integridad de los estudiantes sí sea una prioridad. No es justo imponerles seguir confiando en establecimientos que han fallado de manera tan dramática.