Litio: ¿Estrategia de Estado?

Señor Director:

Desde su anuncio hasta el día de hoy, la estrategia nacional del litio ha sido una política de gobierno, no de Estado. Tanto es así que se ha evitado cualquier componente que implique un debate legislativo. El foco ha estado en lo que el Ejecutivo puede hacer por sí solo, y allí hemos visto acuerdos con empresas chinas, un rol prioritario de Codelco en la materialización de nuevos proyectos de extracción y las reservadas negociaciones de esta con SQM respecto del Salar de Atacama.

Sin embargo, ha llamado la atención la lentitud con que se anuncian los demás elementos de la estrategia, especialmente qué salares serán protegidos, estratégicos —con participación mayoritaria del Estado— y disponibles para la libre inversión privada.

En una nota de este medio, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, señaló que se espera que, “a fines del 2024 todos los elementos que estén en la estrategia ya estén completamente definidos, para que las reglas del juego sean para todos conocidas y así pase a la administración siguiente”.

Esta frase es llamativa, sobre todo si se considera que distintas fuerzas dentro de la oposición han concurrido con sus firmas a un proyecto de ley para hacer concesible el litio, camino antagónico a la que ha impulsado el Ejecutivo.
Si se quiere que una política sea “de Estado”, esta debe provenir de acuerdos transversales. Si se busca que se mantenga en futuras administraciones, esta debe, al menos, quedar consagrada en una ley permanente. Nada de eso ha ocurrido.

Si la estrategia nacional del litio va a sobrevivir a este gobierno, este deberá tener conversaciones con otros actores, que hasta el momento ha evitado. Y si no lo hace, al menos podría apurar el tranco, porque esperar hasta fines de 2024 para recién llegar a una propuesta sin consenso, revocable al año siguiente, a todas luces sería un fracaso.