Modernización del Estado

El 2023 dejó al desnudo el talón de Aquiles de nuestro Estado: un régimen de empleo público anacrónico, anquilosado y perverso, que le entrega al Ejecutivo discrecionalidad total para contratar funcionarios de su exclusiva confianza. El Estado-botín: una agencia de empleo para los partidos de gobierno. La paradoja es que cambiarlo es virtualmente imposible, porque requiere alineamiento en un sistema político fragmentado en el que priman fuerzas centrípetas. Así, en lugar de un Congreso capaz de generar los acuerdos que el país necesita para modernizar su Estado, nos encontramos con un club de emprendedores de la política ocupados de maximizar la rentabilidad electoral de sus acciones. De ahí que la nueva Constitución ofrecía una salida: un ajuste al sistema político y un mandato al legislador para crear un nuevo estatuto administrativo para los funcionarios públicos, un régimen de empleo público con menos espacio para los cargos de exclusiva confianza y más para premiar el mérito y el desempeño. Fue una gran oportunidad, y como muchas otras cosas buenas, se perdió en una seguidilla de errores de los que no cabe ya ahondar. Todas las esperanzas están hoy depositadas en las 12 iniciativas de reforma al Estado contenidas en el pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal anunciado por el Ministerio de Hacienda, muy especialmente en la implementación de la agenda de fortalecimiento del empleo público y en la creación de una agencia de calidad de políticas públicas (ACPP) a cargo de la evaluación de programas y políticas públicas, así como de la política regula-toda del Estado. Tal vez el 2024 traiga más sobriedad y mesura, y podamos canalizar la energía desplegada en plebiscitos y campañas en acometer la tarea más importante que tenemos por delante.