“Nudo gordiano”

El Ejecutivo ha impulsado un proyecto de ley, liderado por el ministro Nicolás Grau, que busca abordar el problema de los permisos sectoriales y que ha sido reconocido transversalmente como un avance en la materia.

Sin embargo, una propuesta de senadores de oposición ha puesto en jaque su aprobación en el Senado. En simple, los senadores proponen invertir la carga, es decir, que no se requiera una autorización (y su consecuente trámite), salvo cuando el permiso proteja bienes o derechos muy relevantes, como la vida, la salud o la seguridad de personas, trabajadores o usuarios. Así, el permiso sería la excepción, mientras que la regla general sería que baste una declaración jurada de cumplimiento de la norma. Obviamente, si se incumple, se aplican penas altas.

Esta idea no es una excentricidad. Regulaciones similares ya existen en España y Portugal, países líderes en la mejora de procesos regulatorios. En España, la normativa no puede imponer un régimen de autorización, salvo casos excepcionales justificados por un test de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. En Portugal, las autorizaciones solo proceden excepcionalmente para actividades que no puedan desarrollarse con una simple comunicación previa.

Como se ve, es lógico que sea la autoridad la que deba demostrar, permiso a permiso, que la autorización previa es necesaria. Para esto, deberá fundamentar su decisión en un riesgo real que justifique los costos y demoras de una evaluación ex ante. Se trata de un cambio de paradigma muy relevante, pero precisamente es lo que se busca para reactivar la inversión y el crecimiento, una meta que oficialismo y oposición han señalado compartir en reiteradas oportunidades.