Reenfoque del debate constitucional y legislativo

“….. el pacto fiscal y la discusión presupuestaria parecerán ritos vacíos si no son acompañados por reformas sustantivas en la estructura del Estado….”.

El proceso constitucional entra en tierra derecha sumido en una polarización de aquellas y en pronósticos poco promisorios. El Poder Legislativo, por su parte, se apronta para el rito anual de la discusión presupuestaria sin haberse iniciado la discusión de reformas que corrijan las fallas estructurales en el Estado que subyacen al mal uso de recursos públicos de que da cuenta la crisis ‘Democracia Viva’. ¿Es esto inevitable? ¿Se pueden romper estas inercias?
En el ámbito constitucional, es fundamental enfocar el debate en aquellas materias esenciales de una Constitución, en lugar de en aquellas controversiales que debieran ser dejadas a la libre deliberación democrática, como son los instrumentos específicos del debate tributario. Una de esas materias es la urgente modernización del Estado.
En ella, el trabajo de expertos, consejeros electos y la iniciativa popular de norma ‘Por un Estado sin Pitutos’, que recibió el apoyo de más de 18.700 ciudadanos, han generado innovaciones sustantivas para avanzar hacia un Estado moderno y eficiente: (i) una separación clara entre los gobiernos de turno y la administración del Estado; (ii) un nuevo régimen de empleo público basado en el mérito y el desempeño y que limite la cantidad de ‘funcionarios de confianza’ del presidente; y (iii) una nueva institución autónoma del Estado —el Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas— que vele por la calidad de las políticas y programas públicos.
Estas tres innovaciones institucionales, ratificadas el miércoles pasado por el pleno del Consejo Constitucional, le ponen pesos y contrapesos esenciales al discrecional y desregulado rol de la política en la administración del Estado, los que, por razones obvias, solo pueden ser habilitados desde la Constitución.
Aunque podrían parecer cambios ‘políticos’ lejanos a las necesidades de las personas, son, por el contrario, habilitantes para que el Estado esté a su servicio con eficacia, eficiencia y servicialidad. Además, son materias que han gozado de un amplio consenso técnico en la última década, lo que se reflejó en una sintonía bastante transversal que se observó tanto en la comisión de Sistema Político y Forma de Estado como en el pleno, que incluso aprobó por unanimidad el artículo transitorio que mandata al legislador a transformar en ley la parte sustantiva de lo acordado en estas materias.
Algo similar se puede decir sobre las innovaciones acordadas para el gobierno judicial, que permitirán que los tribunales de justicia no se vean obligados al uso de tiempo y recursos en asuntos ajenos a impartir justicia y a la resolución de conflictos. Finalmente, se han aprobado cambios para que el sistema político disminuya su fragmentación y empiece a recuperar su capacidad de construir acuerdos que enfrenten los problemas que viven los ciudadanos.
Y en el ámbito legislativo, con independencia del resultado del plebiscito constitucional, es fundamental avanzar desde ya para transformar en leyes estas innovaciones institucionales asociadas a la modernización del Estado, que, entre otras cosas, abordan una de las falencias que posibilitaron Democracia Viva, tal como lo advirtió la Comisión convocada por el Gobierno: ‘se ha señalado de modo transversal la relevancia de contar con un sistema profesional y meritocrático de empleo público que separe a la Administración Pública de los gobiernos de turno… esto es, sin duda, clave para contar con instituciones modernas e íntegras’.
El pacto fiscal y la discusión presupuestaria parecerán ritos vacíos si no son acompañados por reformas sustantivas en la estructura del Estado.
Puede ser tentador quedarnos enfrascados en lo que hace ruido y en agudizar el conflicto. Optemos en vez por enfocar la mirada en estas materias orgánicas y estructurales que pueden mejorar nuestra democracia y Estado y redoblemos los esfuerzos, con generosidad y altura de miras, para evitar un segundo fracaso constitucional. Y en el ámbito legislativo, con independencia del resultado del plebiscito constitucional, avancemos en paralelo en transformar estas habilitaciones constitucionales en leyes. Sería inexcusable que perdiéramos la oportunidad de emprender estas innovaciones fundamentales.