Sacar las castañas con la mano del gato

El Gobierno declara estar comprometido con facilitar la inversión y destrabar la ‘permisología’. Sin embargo, avanza en paralelo con iniciativas que parecen contradecir ese objetivo.

Como advierte la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se están tramitando normas que, sin una mirada sistémica, tensionan la gestión ambiental y ponen en riesgo la certeza jurídica para el desarrollo de proyectos. Otra evidencia de esto es la solicitud conjunta de Chile y Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para una opinión consultiva sobre obligaciones estatales en materia de cambio climático. Esta presentación apunta a generar nuevas obligaciones ambientales por la vía judicial, sin el necesario y democrático debate legislativo.

A ello se suma la decisión de no priorizar una reforma urgente al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), sin considerar que este mensaje, en su versión original, proponía alterar la carga de la prueba en contra de titulares de proyectos, ampliar la participación sin distinción de interés y facilitar el término anticipado de proyectos en evaluación. Como si todo esto fuera poco, la reforma al Reglamento del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) ha generado debate por tratar materias de rango legal que podrían afectar negativamente la tramitación de proyectos.

No es casualidad. Hace menos de tres años, el oficialismo impulsaba una propuesta constitucional que consagraba ‘derechos de la naturaleza’, y restringía fuertemente la posibilidad de explotar recursos naturales. ¿Es genuino el interés por atraer inversión? ¿Cambió de parecer el oficialismo en esta materia? ¿O acaso mientras avanzamos en reformas tímidas en paralelo se quieren ‘sacar las castañas con la mano del gato’?