15 +2 propuestas hacia la formalidad

Los beneficios del sector laboral formal son claros. A través de él los hogares tienen seguridad social, participan del crecimiento económico y reciben mejores ingresos que en el sector informal, para los distintos niveles de educación. Por lo mismo, expandir la formalidad es relevante para el bienestar del país.

Hace unos días se dieron a conocer las 15 propuestas de la Mesa de Formalidad Laboral liderada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH) y la Asociación de AFP (AAFP). Las medidas buscan facilitar la contratación de jóvenes, hacer obligatoria las cotizaciones de trabajadores independientes y emprendedores, rediseñar los subsidios para que incentiven la formalización y fortalecer la fiscalización.

Las propuestas de la mesa son valorables y son un aporte al debate sobre el empleo formal. Sin perjuicio de esto, nos gustaría añadir dos medidas que creemos clave para facilitar la formalización: 1) profundizar la flexibilidad en la jornada laboral y 2) rediseñar la indemnización por años de servicio.

La rigidez de la jornada del empleo formal dificulta su acceso a los grupos más excluidos, como jóvenes, mujeres y adultos mayores. Existe una amplia literatura que respalda los beneficios que trae una flexibilidad implementada de forma adecuada, resguardando los derechos de los trabajadores: aumenta la productividad y permite conciliar empleo con distintos proyectos de vida. A pesar de esto, Chile es de los países de la OCDE con la jornada laboral más rígida, perteneciendo al reducido grupo que no permite promediar el límite máximo de horas ordinarias de trabajo en un periodo de referencia superior al mes.

También la evidencia académica sostiene que exigir pagar altos montos al despedir, que sólo se aplica en la economía formal, genera negativas distorsiones sobre el mercado laboral. Por una parte, encarece la contratación y dificulta el crecimiento de emprendimientos productivos, lo que limita la creación de empleos formales. En este sentido, una comparación internacional muestra que, a mayor monto de la indemnización por despido, menor es el porcentaje de la población con empleos protegidos por ella. Chile es el país de la OCDE con el mayor monto de indemnización y con la menor cobertura de empleos con esta protección.

Por otra parte, tener altos montos de indemnización desincentiva a los trabajadores a cambiarse voluntariamente hacia empresas más productivas o más compatibles con sus habilidades, ya que sólo reciben el pago si son despedidos. Esta rigidez reduce la productividad y los salarios en el sector formal.

Necesitamos medidas que oxigenen y aceiten el mercado laboral formal. Introducir mayor flexibilidad en la jornada y rediseñar la indemnización por despido, para que ambas regulaciones converjan hacia las prácticas que predominan en los países más desarrollados, son dos medidas con el potencial de extender el acceso de los chilenos hacia empleos de calidad con seguridad social.