Aversos al riesgo

El riesgo es un motor de progreso. Si no hubiera sido porque un emprendedor se arriesgó y dedicó tiempo, recursos y energía a innovar, usted no tendría el teléfono con el que está leyendo esta columna. El mundo se estructura en gran parte a partir del riesgo, y a mayor riesgo, muchas veces mayor la ganancia que puede esperar.

En el Estado, sin embargo, la forma de lidiar con el riesgo no funciona bien. El Estado es un minimizador de riesgos por excelencia. Las reglas y regulaciones que genera surgen a menudo como respuesta a crisis contingentes y, por lo tanto, tienen el único foco de evitar que se repitan, a cualquier costo. Pero el terror al riesgo es costoso y los Estados muchas veces lo pagan caro.

Es, en parte, la aversión al riesgo la que impide que los funcionarios públicos innoven, y planteen soluciones creativas a problemas sociales y, así, mejorar la vida de las personas. Quien tenga una buena idea para mejorar un servicio estatal tiene pocos incentivos a llevarla adelante, no vaya a ser que se equivoque y termine con un sumario; o peor, funado en redes sociales. Como si no fuera el “ensayo y error” la fórmula con que hemos logrado los principales avances en la historia de la humanidad.

En la práctica, el mero riesgo de ser observado por Contraloría es un disuasivo suficiente para hacer todo igual a como siempre se ha hecho. El resultado: un Estado lento y pesado.

Hay pocas dimensiones donde la lógica del “riesgo cero” se evidencia con más claridad que en nuestro sistema de permisos. Hemos generado una telaraña regulatoria que tiene entre sus principales propósitos el llevar al mínimo la potencialidad de que proyectos privados generen impactos negativos.

Es por eso que un proyecto en plena comuna de Providencia, emplazado en una zona que hoy está cubierta de concreto, tiene que hacer excavaciones buscando algún posible jarrón ancestral. Qué importa que la probabilidad de encontrar algo sea cercana a cero, qué importa que dilate por meses la construcción o los costos económicos que esto puede tener. Hospitales en zonas urbanas contratan empresas consultoras para que busquen ranas en los alrededores. Data centers son obligados a evaluar su impacto hídrico poniéndose en los peores escenarios imaginables del cambio climático. Tolerancia cero al riesgo.

Se nos olvidó que el riesgo es una parte ineludible de nuestras vidas, toda decisión pública es, en la práctica, un ejercicio de gestión del riesgo. El riesgo no es una variable que deba ser minimizada, llevada a la mínima expresión, sino una que se tiene que optimizar. Es razonable regular, establecer estándares ambientales exigentes, aún a riesgo de que eso disuada alguna inversión. Al mismo tiempo, también es razonable que la regulación prevenga riesgos relevantes y de una cierta probabilidad de ocurrencia, no todos los riesgos.

Una adecuada gestión del riesgo debiese implicar que, al momento de construir un hospital en Rengo, asumamos como sociedad que puede afectar a arañas o lagartijas. También implica, a veces, no pedirle su opinión al Consejo de Monumentos Nacionales para una obra en plena Providencia, donde ya había infraestructura existente, sabiendo que se nos puede pasar un hallazgo arqueológico. O que Conadi no sea parte de la evaluación ambiental de un mall en Santiago.

La mejor forma de evitar accidentes automovilísticos es prohibiendo los autos, pero no lo hacemos. La misma lógica debemos aplicar a otras áreas del Estado. Si no somos capaces de hacerlo, tendremos gobiernos cada vez más impotentes para resolver los problemas cotidianos de las personas, y es precisamente allí donde está el germen de la desconfianza de las personas en las instituciones y del retroceso democrático.