Carta abierta a Mario Marcel

Estimado ministro:

El 20 de enero del 2022 nos enteramos de que usted sería el nuevo titular de Hacienda. La recepción de la noticia fue muy positiva: “Colocará técnica y número a las propuestas del gobierno”, “aportará seriedad en el manejo de las políticas públicas”, “frenará medidas populistas”, y otras frases por el estilo. Y es que su desafío en este nuevo cargo era, y es, grande: aplicar las ciencias económicas y administrativas en un gobierno en que varios de sus actores han denostado e invalidado las voces de los técnicos. ¡Uf, gran tarea!

En los medios solo se ve una parte del trabajo de un ministro. Todo el trabajo tras bambalinas de negociación interna con los diferentes actores de la coalición –que fácil no debe ser– es un misterio. A pesar de no conocer esta parte, quise escribirle esta carta sobre políticas públicas apoyadas en esta administración, en las que se ve más un afán por impulsar una ideología, dejando de lado el pragmatismo y la aplicación de la técnica y evidencia existente.

Partamos con el cuestionamiento sobre la firma del tratado de libre comercio, TPP11. Están altamente documentados los beneficios de estos tratados: permite a nuestras empresas acceder a mercados más profundos, potenciando la diversificación productiva del país, lo que se traduce en mayores oportunidades de empleo y mejores sueldos para los chilenos, además que las importaciones nos permiten acceder a una mayor diversidad de bienes y a un menor precio. A pesar de estos beneficios, durante el 2022 el gobierno, apoyado por el movimiento #NoAlTPP11, puso en duda la integración de Chile a este nuevo tratado, generando innecesariamente incertidumbre y retrasando la firma de este.

Sigamos con pensiones. El gobierno está proponiendo crear cuentas nocionales, administradas por el Estado, para instalar solidaridad a través del 6% extra de cotización. Estas cuentas son complejas y poco transparentes hacia la ciudadanía, abriendo la puerta a un mal uso de los fondos por parte del administrador. Además, estas cuentas, con toda su complejidad, se crearon en Europa no para administrar solidaridad, sino para transitar desde los insostenibles sistemas de reparto hacia ahorro individual. ¿Por qué instalar este complejo y poco claro mecanismo, cuando se puede hacer transferencias entre los cotizantes de una manera mucho más directa y de fácil comprensión para la ciudadanía? Un ejemplo: a través de Previred se puede transferir una parte de la cotización desde los altos sueldos hacia los bajos, sin tener que crear esta burocracia estatal.

Por otra parte, un diagnóstico compartido hace años por los técnicos es la necesidad de introducir mayor competencia en la administración de los fondos previsionales para mejorar eficiencia y reducir costos. Y la actual reforma haría lo opuesto: crea un ente estatal llamado APA con el monopolio en la administración de las cuentas, y además crea otro ente estatal llamado IPPA, encargado de administrar las inversiones del 6% extra de cotización y por default el 10% y el stock actual de ahorros. Esto genera una competencia desleal entre el Estado y los privados en la participación del sistema de pensiones.

Continuemos con mercado laboral. Hace 10 años que la productividad laboral del país, junto con la cobertura del empleo formal, está estancada. En este contexto, se aprobaron dos reformas que aumentan los costos de la contratación formal: reducir la jornada laboral y aumentar el salario mínimo a $500 mil, lo que corresponde a un crecimiento real de 17% respecto a su nivel actual. Para compensar esta alza en los costos de contratación, se implementaron medidas de flexibilidad laboral, y se creó un subsidio para las pymes. Pero la jornada laboral en Chile seguirá siendo de las más rígidas de la OECD, y el subsidio a las pymes se suma a las políticas públicas parches que, en lugar de facilitar la expansión de estas, las desincentiva a crecer, ya que perderían estas ayudas estatales.

Ministro, no hablaré de la regresiva y absurdamente costosa medida de condonar el CAE y tampoco del desastre del “Gas a precio justo”, que ya mucho se ha hablado. Termino esta carta con el litio. Tenemos la mayor reserva en el mundo, y con los menores costos de producción. A pesar de estas ventajas, Australia nos superó en la producción, y se proyecta que Argentina nos iguale en el 2030. En estos dos países la producción es realizada principalmente por privados, a través de concesiones otorgadas por el Estado, junto a impuestos específicos, siendo fundamental la entrega de certeza sobre las reglas del juego. La Estrategia Nacional del Litio trajo más preguntas que respuestas: ¿qué implica la participación mayoritaria del Estado? ¿Control de la gestión? ¿Recibir el 50+1 de las utilidades? ¿Cuánto será el aporte de los privados al fisco? Mientras tanto, millonarias rentas del litio seguirán lejos de nuestras arcas fiscales.

Ministro: está en un cargo difícil y desafiante, en un país que hace años perdió la senda del desarrollo y crecimiento económico. Esta pérdida de dinamismo se traduce en menores oportunidades de progreso para los hogares chilenos, y menos recursos para financiar la anhelada seguridad social. En los 22 meses que quedan, ¿qué medidas dejará como legado que faciliten el crecimiento de empresas formales y el aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas? El problema de Chile no es la falta de evidencia de qué medidas funcionan y cuáles no. Lo que falta es aplicarla. Es sabido que fácil no es: pero, ministro, desde acá no perdemos la esperanza.