Descentralización:

Los recientes casos de corrupción han generado una herida profunda al proceso descentralizador. De los 137 traspasos a fundaciones que hasta ahora se investigan en el marco del denominado caso Convenios, 60 están relacionados con los gobiernos regionales (GOREs), y representan más del 75% de los recursos implicados. Producto de esto, ya se puede ver una menor disposición en las distintas fuerzas políticas y en la ciudadanía a avanzar en la entrega de mayores competencias a estos órganos autónomos. Lejos de desesperanzarse, hay que reconocer esta realidad y pensar en cómo evitar que el golpe sea fatal, transformándolo en una oportunidad de reimpulsar el proceso, pero aprendiendo de los errores cometidos.

Hay al menos tres elementos que explican la crisis que viven los GOREs. En primer lugar, la falta de una administración pública profesional y meritócrata: parece ser que los GOREs, las instituciones más jóvenes del Estado de Chile, han heredado la mala práctica del resto del aparato público de enquistar funcionarios sin trayectoria en la administración pública y cuya contratación se justifica por afiliaciones políticas. Esto ha dejado a las regiones vulnerables a la captura y corrupción (el caso Convenios ha dado ejemplos insignes). Se hace urgente para las regiones, entonces, el asumir el desafío de separar nítidamente a los funcionarios de confianza con los servidores públicos que conforman la administración del Estado, tan urgente como lo es a nivel central.

En segundo lugar, la falta por parte de los GOREs de una estrategia de desarrollo regional que establezca prioridades de inversión y gasto; capacidades institucionales para llevarlas a cabo; indicadores de impacto y mecanismos de rendición de cuentas. Es necesario que, mientras se sigan transfiriendo recursos del gobierno central a las regiones, estén condicionados a estándares mínimos de eficiencia del gasto.

Finalmente, el relajo en los mecanismos de control y las carencias institucionales de los GOREs, con órganos fiscalizadores débiles y escazas instituciones de la sociedad civil que vigilen a sus autoridades regionales. Sin una musculatura de control a la altura de las nuevas competencias que se le entregan a estos órganos, episodios como el de “Kimún” en la Región Los Lagos estarán a la orden del día.

En este contexto, y para darle respuesta a estos tres desafíos, hay dos espacios donde se puede enmendar el rumbo que está tomando la descentralización: el proceso constitucional y el proyecto de ley “Regiones Más Fuertes” que se discute en el Congreso.

El primero representa una oportunidad para habilitar la modernización del régimen de empleo público a nivel nacional y regional; así como la instalación de una institucionalidad que vele por la calidad de las políticas y programas públicos. El segundo puede comenzar a plasmar legislativamente mejoras en estos tres aspectos, en línea y de forma coordinada con estas nuevas directrices constitucionales. Sin embargo, eso implicará ajustar un proyecto que hoy tiene su foco puesto en entregar facultades para recaudar o levantar sus propias fuentes de financiamiento, a través del cobro de derechos y tasas, y en permitir el endeudamiento regional, y no en resolver las falencias señaladas.

Es importante preguntarse: ¿tiene sentido avanzar en una nueva etapa, la descentralización fiscal, cuando la descentralización administrativa aún no se consolida? ¿No es imperativo tomarse en serio el drama del empleo público, haciendo de los GOREs la referencia para el resto del Estado? ¿Por qué no contemplar órganos descentralizados de evaluación de política pública para que evalúen el impacto de estas con una perspectiva regional? Lo que es claro es que el proceso no resiste un nuevo escándalo, y continuar con el mal uso de recursos públicos podría darle la estocada final a un esfuerzo descentralizador que ha costado mucho sacar adelante.