Pasado y presente: una paradoja

*Pedro Villarino es miembro de Pivotes y académico de Faro UDD

En las últimas semanas se han podido apreciar y escuchar los argumentos, invocaciones y razones que tanto el “A favor” como el “En contra” han esgrimido de cara a respaldar sus posturas. A la luz de los antecedes, cobra especial interés -hasta ahora no explicado o fundamentado, me parece- la postura que algunos sectores de izquierda que rechazan la propuesta del Consejo Constitucional. Me explico:

Quienes apoyan el rechazo sugieren que, de aprobarse la propuesta, el proceso no quedaría del todo cerrado, puesto que comenzaría a operar toda una maquinaria burocrática destinada a materializar los cambios que el texto introduce, particularmente a través de la creación e instalación de nueva institucionalidad y la redacción y modificación de normas. Este esfuerzo redundaría en un costo o sacrificio de cara al avance en la discusión sobre temas relevantes como pensiones, salud o educación, cuyas deficiencias actuales nos quedan resueltas en la propuesta.

Asimismo, partidarios del “En contra” han declarado que ellos no hubiesen deseado realizar dicha campaña, sino más bien haber alcanzado un acuerdo. Hace unos días, la periodista Ximena Jara sostuvo en un programa radial que “el tema constitucional se cierra cuando es posible contener a toda una sociedad en un mismo marco” y que lo que debemos como sociedad pedirle a una nueva Constitución es que “entregue estabilidad y que acabe con los privilegios. Que entregue una base de equidad sobre la que podamos confiar para nuestra convivencia. Que entregue un marco que permita la gobernabilidad a quien gobierne, cualquiera sea su signo”.

Frente a la pregunta sobre si la propuesta del Consejo “perjudica o beneficia a la gente en Chile como para hacer este gasto en burocracia, tomarse estas molestias y estos costos (burocráticos, legislativos, financieros, sociales y políticos)”, Jara respondió que no.

Me parece, sin embargo, que estos argumentos -compartidos por muchos- encierran una paradoja e incoherencia de la que no se están haciendo cargo: pues esa misma burocracia que comenzaría a operar de ganar el “A favor” (dicho sea de paso, toda nueva institucionalidad supone o comprende un esfuerzo administrativo) también se habría extendido en caso de haberse aprobado la propuesta de la que fueron entusiastas adherentes hace poco más de un año. ¿Por qué antes no era un problema y hoy sí les genera ruido?

Y respecto al segundo argumento, me parece que la incoherencia es aun más abismante: ¿acaso la propuesta de la Convención Constitucional brindaba “un mismo marco” para contener a la sociedad chilena? ¿entregaba “estabilidad” y “equidad”? ¿Por qué la propuesta de la Convención sí favorecía a la gente como para validar todas las “molestias” y “costos” que su materialización exigía? Más que mal, por algo la aprobaron. Y más importante aún: ¿permitía, acaso, la gobernabilidad de cualquier signo político? A todas luces, el texto rechazado en septiembre del año pasado entregaba muchas cosas, pero ninguna de las anteriormente señaladas.

Lo grave de esta postura, más allá de la incoherencia, es que no se asuma ningún costo político por ella. Basta remitirse a las escasas autocríticas asumidas respecto al proceso anterior. Pero intelectualmente sí lo hay, y pienso que ello redunda en un perjuicio a su credibilidad, puesto que al no dar razones que justifiquen el cambio de postura (que de por sí no está mal, por de pronto) los argumentos pierden consistencia. Y esto es algo que aqueja también al gobierno, y al Presidente Boric en particular.

No se entiende, a la luz de estos argumentos, por qué en el pasado sí aprobaron y en el presente no lo hacen. Antes bien, pareciera, nuevamente, que la ideología se antepone a la razón (y a la lógica) a la hora de justificar la opción.