¿Tierra a la vista?

*Pedro Villarino es integrante de la Red Pivotes y académico de Faro UDD

En una primera instancia, el trabajo realizado por la Comisión de Expertos dejó un sabor de generalizada conformidad. Más allá de los matices y bemoles, y aun reconociendo que era un producto perfectible (no olvidemos que la misma Capilla Sixtina también lo es), un amplio espectro político manifestó –algunos con mayor efusividad que otros- su aquiescencia respecto al anteproyecto.

Desconozco si la razón habrá sido el contraste que la propuesta generaba, tanto en la forma como en el fondo, a la luz de lo que había sido el proceso anterior, o el hecho de que se dejaron algunos temas complejos sin abordar sabiendo que luego vendría otra instancia electa. Pero lo cierto es que el mundo político se mostró esperanzado al constatar cómo los expertos orientaban la discusión sobre la base de un ánimo de camaradería, altura de miras y transversalidad. A tal punto fue así, que no faltaron los parlamentarios que insinuaron la posibilidad de modificar la papeleta de diciembre para introducir una tercera alternativa: dejar el anteproyecto como opción de Constitución.

Sin embargo, la perspectiva (y optimismo) sobre este nuevo proceso fue mutando con su devenir. De los acuerdos transversales se transitó hacia una discusión más obstruida y friccionada. ¿El resultado? Múltiples mesas de diálogo que intentaron (infructuosamente) canalizar desavenencias al interior del Consejo; partidos políticos introduciéndose en la discusión para orientar los acuerdos y una ciudadanía cada vez más desencantada y desconectada, de acuerdo a los sondeos. Era que no: nuevamente la clase política se estaba mostrando incapaz de lograr articular consensos.

Esta semana le volvió a tocar el turno a los expertos, pero con la diferencia de que su trabajo ya no se circunscribió a una base ampliamente acordada por la política (las doce bases constitucionales), sino más bien sobre un texto mirado con reticencia por parte de la izquierda y calificado de partisano. Y aunque se postergó el plazo para negociar y alcanzar acuerdos, a la luz de las votaciones de este jueves 12 no pareciera haber muchas esperanzas en que se logren consensos en tornos a materias como Estado social, derecho a la vida y libre elección en salud y pensiones, aspectos fundamentales de la discusión de cara a la opinión pública.

¿Significa esto que el proceso fracasó? Aunque las encuestas en general se han mostrado consistentes en mostrar una diferencia sustantiva entre ambas opciones, no debe dejarse de lado el hecho de que será una elección con voto obligatorio. En consecuencia, habrá un porcentaje mayoritario de votantes desconocidos -respecto de los cuales no se sabe por qué votan como votan- que bien podría alterar las proyecciones estimadas. Sin perjuicio de ello, y en vistas del posicionamiento que las distintas fuerzas políticas han comenzado a sincerar, se ve poco probable obtener una alternativa de propuesta ampliamente concordada.

Sea o no el caso, un rechazo a la propuesta del Consejo Constitucional redundaría en un fracaso al conjunto del sistema político, acrecentando con ello, si es que acaso se puede más, su descrédito. Al final del día, quienes más se verán perjudicadas por dicho resultado serán nuestras instituciones, cuyo debilitamiento y descrédito no es sino la ventana para que ofertas populistas y outsiders se muestren como alternativas atractivas para la ciudadanía. Y ya conocemos como termina eso.

Sí. Hay razones, a la luz del debate, para ser escépticos. Algunos ya tomaron la decisión, y cuesta pensar que estarán dispuestos a ceder. Pero ello no debe obstar a seguir persistiendo en que este proceso resulte y se cierre adecuadamente. El costo de no hacerlo es demasiado caro.