¿Expertos o conectados?

En la búsqueda de una fórmula para el nuevo proceso constitucional que emerge, el péndulo parece haber oscilado desde el amor por los independientes a la pasión por los expertos. ¿En quíenes debemos pensar cuando hablamos de expertos? Si bien lo primero que se viene a la mente son abogados constitucionalistas, lo que se requiere más bien son personas conectadas con los desafíos que marcan el Chile de hoy, porque una nueva Constitución debe habilitar las soluciones a esos desafíos, o al menos evitar restringirlas o dificultarlas, como claramente lo hacía el texto rechazado.

Personas conectadas con imperativos globales como la transformación energética, el reemplazo del plástico y la alimentación sostenible, porque representan una enorme oportunidad de desarrollo para Chile al demandar recursos naturales que tenemos en abundancia: cobre, litio, hierro, agua, sol, vientos, fibras naturales, alimentos de la tierra y del mar. Personas conscientes de que, para aprovechar esa oportunidad, se requiere un marco institucional estable que en vez de ponerlos en extremos opuestos, busque un equilibrio entre el desarrollo de la economía de recursos naturales y la protección del medio ambiente. O en términos más específicos, que establezca estándares medio ambientales y de conservación elevados, sin precarizar los títulos jurídicos para darle un uso económico a esos elementos de la naturaleza.  Personas que asumen que el Estado tiene un rol que debe ser fortalecido como regulador y articulador de la economía de recursos naturales, pero que cuando desarrolla actividad empresarial, lo debe hacer bajo un principio básico de neutralidad competitiva que asegure que las empresas estatales operen bajo las mismos condiciones que las empresas privadas. Personas que, en definitiva, traigan al debate la experiencia de países como Australia que, de la mano de empresas privadas, en forma sustentable y generando ecosistemas de servicios e innovaciones en torno a la economía de recursos naturales, lograron desplazarnos como principal productor de litio del mundo, alcanzando una producción que hoy duplica la de Chile.

Personas conectadas con urgencias sociales como las pérdidas de aprendizajes de niñas y niños en edad escolar profundizadas por la pandemia, porque están incubando una mayor desigualdad de oportunidades. Personas conscientes de que, para enfrentar un desafío como ese, se requiere sumar capacidades e innovaciones del Estado, de la sociedad civil y del emprendimiento. Personas que, si bien saben que el rol del Estado como regulador y articulador de una base común de educación de calidad debe ser fortalecido, ello no debe ser a costa de debilitar el rol de la sociedad civil y del emprendimiento privado; ni de la necesaria autonomía que deben gozar los establecimientos educacionales, públicos o privados, para pilotear y escalar innovaciones, y para buscar fuentes de financiamiento diversas que complementen la subvención pública.

Finalmente, se requieren personas con experiencia práctica en una de las funciones centrales de una Constitución: diseñar un aparato público y un sistema político para que preste servicios y genere regulaciones que estén a la altura de las necesidades de las personas.  Sobre el primero, un diseño que separe el gobierno del servicio público para terminar con las malas prácticas que vemos cada vez que asume una nueva administración y cambia a miles de directivos, a diferencia de Nueva Zelandia, donde son menos de 100, debido a que la gran mayoría es parte de un servicio civil profesional que trasciende los ciclos políticos.  Un diseño que descentralice el Estado, sin sacrificar su condición de unitario. Y respecto del sistema político, se requieren personas que acuerden un diseño enraizado en nuestra historia republicana pero que abra más espacios de participación, sin debilitar la condición de representativa de nuestra democracia; que le dé mayor agilidad y dinamismo al proceso legislativo, sin debilitar los fundamentales pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, y dentro de ellos. Y que, por último, corrija la falla tectónica de nuestro sistema político: su alta fragmentación que hace difícil la gobernabilidad.

Es positivo que la responsabilidad de acordar las bases de un nuevo proceso constitucional haya vuelto a los partidos políticos con representación parlamentaria, pues en los últimos años muchos de ellos simplemente abdicaron de su rol. Hoy tienen la oportunidad de recuperar la confianza ciudadana tomando decisiones que estén a la altura de la responsabilidad que tienen con el país, como la de presentarle a los ciudadanos en los procesos electorales personas que estén conectadas con desafíos como los mencionados, con conocimiento y experiencia práctica, y, sobre todo, con vocación de diálogo y acuerdos.  Chile no resiste un nuevo intento fallido.