Estado ciudadano, ahora o nunca

La modernización del Estado es quizás la agenda que convoca a un mayor consenso técnico en Chile, pero, al mismo tiempo, la que menos avances ha tenido en las últimas décadas. Hoy tenemos una ventana de oportunidad que no podemos dejar pasar.

1. Dos fallas estructurales de nuestro Estado

¿Sabe usted cuántos funcionarios de confianza tiene un gobierno en Chile? Si su respuesta es “no sé”, no se preocupe, porque no debiera saberlo. En pleno siglo XXI, no hay en el Estado de Chile una plataforma digital de acceso abierto que entregue este registro en línea, y su monitoreo no está regido en ninguna parte de la legislación.

Sí sabemos que mientras en Nueva Zelandia o Australia no son más de 100 los funcionarios que cambian cuando asume un nuevo Gobierno, en Chile se cuentan en miles, muchos bajo ese rótulo sin contornos de los funcionarios de confianza. Pero hay más. Sabemos también que aproximadamente 2/3 de los directivos públicos se cambian dentro de los dos primeros años de asumido un nuevo Gobierno por un criterio de cercanía política, perdiendo la experiencia acumulada. O que la inamovilidad que gozan los funcionarios de planta -dictámenes de la Contraloría mediante- se está extendiendo a otros regímenes como la contrata e incluso los honorarios. Con esto se consolida la petrificación del empleo público a lo largo y ancho del Estado.

Sabemos también que, según un informe de la Dirección de Presupuestos, Dipres, en 2021 el 63% de las 174 instituciones estatales evaluadas por metas tuvo un cumplimiento de 100% y ninguna bajó del 90%, con lo que todos los funcionarios recibieron bonos por desempeño. Estas realidades ilustran una de las fallas estructurales de nuestro Estado: su administración, y en particular el régimen de empleo público.

Una segunda falla estructural se observa en el proceso de formación, discusión y aprobación de leyes en el Congreso Nacional. Chile es el país con mayor complejidad regulatoria dentro de los países de la OCDE. Una de las causas: la existencia de más de 300.000 normas, entre las que se encuentran leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos y otras regulaciones de rango inferior. Este entramado normativo es prueba clara de un ordenamiento jurídico que ha crecido en exceso y cuya calidad se ha visto afectada por la falta de institucionalidad para el diseño, evaluación de impacto y revisión ex post del flujo y stock de leyes, reglamentos y normas.

2. La oportunidad que brinda la Constitución

La nueva Constitución representa una oportunidad única de romper la inercia y empezar a corregir estas dos fallas tectónicas. La Comisión Experta presenta avances valiosos, que, sin embargo, deben ser precisados y profundizados para que no queden en letra muerta.

En el ámbito de la administración del Estado, sugerimos que el texto constitucional incorpore lo siguiente:

Una separación nítida entre Gobierno y administración pública, a fin de atribuirle al primero la conducción política del Estado y la definición de políticas públicas, y a la segunda su implementación, además de la provisión de servicios públicos de calidad.

Que el régimen laboral de la administración pública no sólo diga relación con la selección de funcionarios, sino que también con su promoción, movilidad y cese. Además, que incluya un sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios públicos eficaz y la facultad para desvincularlos fundadamente con el mismo sistema de seguro de desempleo o de indemnización que el empleo privado.

Un régimen especial para los funcionarios de confianza de los gobiernos de turno que establezca límites claros coherentes con su naturaleza excepcional y así terminar con la total discrecionalidad con la que cada gobierno define quienes y cuántos.

Que los servicios públicos se conciban digitales e incorporen plataformas de atención y procesamiento de datos, garantizando su actualización, interoperabilidad, ciberseguridad y privacidad.

Que aquellos servicios públicos de carácter técnico con competencias para dictar normas de carácter general, fiscalizar actividades económicas esenciales y prestar servicios de utilidad pública a las personas, estén dotados de gobernanzas que garanticen su imparcialidad, independencia del ciclo político y excelencia técnica.

Y en relación al proceso de formación de leyes, proponemos que la Carta Magna contemple lo siguiente:

Una gobernanza superior autónoma y colegiada a la Biblioteca y a la nueva Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas e Impacto Regulatorio a través de un consejo superior técnico y que trascienda el ciclo político. De esta forma se asegura que esta institucionalidad fundamental para que vuelva a converger las demandas ciudadanas, la técnica y la evidencia en el proceso de formación de leyes, no esté condicionada en su función por el ciclo político-electoral.

Un mandato para que no sólo realice los informes de impacto regulatorio y fiscal que deberán acompañar los proyectos de ley, sino que también evaluaciones expost frecuentes de ellos una vez implementados. En un entorno social y económico tan dinámico, las leyes deben ser sometidas a una evaluación frecuente.

3. Nuestro deber

Estas propuestas –de las cuales Pivotes plasmará una serie de ellas en una Iniciativa Popular de Norma– apuntan a una convicción mayor: son fundamentales para que el Estado y las políticas públicas que se acuerden en el Congreso sirvan con eficacia, eficiencia y flexibilidad las necesidades de las personas.

Hay evidencia de sobra sobre el impacto que esto tiene en la vida de las personas: jóvenes investigadores chilenos han publicado en los últimos meses estudios donde, por ejemplo, establecen que los directores de colegios que se eligen mediante procesos más competitivos y transparentes terminan generando mejores resultados en sus escuelas, y que en salud, la incorporación del Sistema de Alta Dirección Pública para elegir directivos en los hospitales redujo en 8% la mortalidad en los recintos que usaron este mecanismo.

Eso, ni más ni menos, es lo que está en juego: mejor vida para las personas. Poner a la modernización del Estado en el corazón del debate constitucional es un imperativo ético. Y, sin duda, es la mejor oportunidad que tendremos de impulsar estos cambios. Un Estado Ciudadano para las personas es ahora o nunca.