Estado y sistema político

Febrero comenzó con acontecimientos dramáticos y tristes. Más de 130 personas perdieron la vida en los incendios de la Región de Valparaíso y el expresidente Sebastián Piñera murió en un trágico accidente. Ambos sucesos recuerdan y reivindican dos características extraviadas de nuestra democracia.

Por una parte, los incendios y sus consecuencias devastadoras nos recuerdan la importancia de restablecer el sentido de urgencia, así como el imperativo de eficacia y eficiencia en la función pública. El impacto en la sociedad que tuvo la muerte del exmandatario, en tanto, abrió una ventana de civilidad que reivindicó la búsqueda de acuerdos en el sistema político a partir de posturas discrepantes.

Cabe preguntarse entonces, ¿cómo lograr a partir de marzo restablecer estos dos elementos esenciales en el Estado y el sistema político, más allá del impacto emocional, que puede ser de corta duración, generado por lo acaecido en febrero?

Algunos postulan que lo único que falta es voluntad de gobierno y oposición para lograrlo. Otros pensarán que es mejor esperar elegir una nueva administración y otro parlamento para enmendar el rumbo, como si las falencias hubieran aparecido hace dos años. Ambas posturas son reduccionismos que ignoran fallas de diseño profundas, tanto en el sistema político como en la estructura del Estado.

La imagen a fines de enero de ministros pirquineando votos con partidos pequeños en la Cámara para aprobar su reforma de pensiones a cambio de incluir un auto-préstamo que daña las pensiones futuras, es la muestra más palpable de los efectos de la fragmentación política. Los niveles de despilfarro e ineficiencia en el Estado a nivel central, regional y municipal, evidenciados por la crisis de las fundaciones y los escándalos en diversos municipios, nos revelan las implicancias de los crecientes grados de captura política en el Estado en todos sus niveles.

Finalmente, los incendios devastadores, así como otros desastres que nos sacuden cada año, nos muestran una vez más las fallas y deficiencias en materia de coordinación entre municipios, gobernaciones, delegaciones y organismos técnicos (Senapred y Conaf), reflejo de la ineficiencia e ineficacia en la gestión del Estado.

La simple voluntad generada por los hechos de febrero no será suficiente para compensar las profundas fallas de diseño que subyacen.

¿Qué se puede esperar de un parlamento fragmentado en más de 22 partidos políticos, cuya capacidad para articular acuerdos es muy baja, y donde los técnicos y la evidencia son mirados con recelo?

¿Qué se puede esperar de un Estado crecientemente capturado, rígido, con profundas fallas de coordinación y con nula separación entre gobierno y una administración pública técnica y profesional?

Hacerse cargo de estas dos fallas tectónicas de nuestra democracia —la disfuncionalidad del sistema político y la creciente captura e ineficacia del Estado— es, entonces, el primer paso habilitador para enmendar el rumbo en tantas otras dimensiones: la inseguridad, el estancamiento económico, la legitimidad institucional y el rezago educacional, por mencionar algunas.

A pesar de que se sienten reformas lejanas y abstractas en su diseño y discusión, son, por el contrario, reformas profundamente ciudadanas en sus efectos. Si no las emprendemos ya, la confianza en la democracia seguirá en descenso, así como seguirá en aumento el apoyo hacia propuestas autárquicas, populistas, simplistas o cortoplacistas.

A partir de marzo será necesario caminar y mascar chicle a la vez. Por un lado, se deberán gestionar las múltiples urgencias ciudadanas con eficacia y eficiencia, partiendo por la reconstrucción de lo devastado por los incendios, y al mismo tiempo trazar una hoja de ruta para reformar el sistema político y la estructura del Estado.

Es de esperar que los nuevos aires que trajo el dolor de febrero no se queden solo en palabras, y se transformen en liderazgos proactivos a partir de marzo.