Columna de Bernardo Larraín

Texto original en ex-ante.cl

Con el resultado del plebiscito, una gran mayoría de chilenas y chilenos optó por un punto de partida distinto al que ofrecía la convención para retomar el estrecho pasillo que conduce a los países al desarrollo. Lo importante es que triunfadores y derrotados asumamos que, esta vez, la ruta tenemos que trazarla y transitarla en conjunto, que será larga y difícil y que debemos hacer una pausa para preguntarnos qué debemos hacer diferente para evitar otro intento fallido.

Desde la política, es de esperar que los sectores que apoyaron el Rechazo, sin triunfalismos y con altura de miras, propongan y acuerden con el gobierno y el oficialismo, con la calma necesaria, las adecuaciones necesarias al proceso para que esta vez la nave llegue a puerto. Entre otras, desechar la hoja en blanco como punto de partida (ahora sí tenemos suficientes referencias desde donde comenzar: aquellas partes rescatables de la propuesta de la convención y del texto vigente, el proyecto del gobierno de la Presidenta Bachelet y, muy importante, las miradas alternativas que quedaron en el camino); integrar expertos al proceso; y, manteniendo la paridad y escaños reservados, restablecer el principio de una persona, un voto.

Y desde la sociedad civil, a partir del mismo 5-S, debemos llevar al centro del debate público y al nuevo proceso constitucional los dolores y desafíos que marcan el Chile de hoy, pues muchos de ellos fueron suspendidos o invisibilizados por el proceso que concluyó con el plebiscito. No son pocos ni simples: estancamiento económico, inflación, profundización de brechas sociales y desconfianza en las instituciones y los graves problemas de seguridad que enfrentamos. Y para ello debemos enfocar sus expresiones más concretas.

Enfocar, por ejemplo, un terremoto grado 9 que permanece invisibilizado como son las pérdidas de aprendizaje de niñas y niños en educación escolar profundizadas por la pandemia. O las oportunidades de progreso que estamos perdiendo -en litio, cobre, hierro, fibras naturales, alimentos, desalinización e hidrógeno verde- por las crecientes trabas al desarrollo de la economía de recursos naturales derivada de su errónea estigmatización como extractivista y rentista, la que dicho sea de paso, tuvo su expresión en el texto constitucional rechazado. O también la mayor precariedad laboral derivada de una creciente informalidad en el trabajo, especialmente dramática cuando la inflación vuelve a golpear el bolsillo de las personas. O, finalmente, mirar de frente uno de los pocos sectores que lamentablemente ha tenido un desarrollo explosivo en los últimos años: el de la economía del crimen organizado.

Nuestra misión es también desafiar aquellas ideas instaladas en el debate público que, más que acelerar, han postergado o trabado las soluciones a esos dolores. La Convención, de hecho, quiso dejar amarradas muchas de ellas en el texto que la ciudadanía rechazó. Me refiero, por ejemplo, a la estigmatización y marginalización del aporte de la sociedad civil y del emprendimiento privado para enfrentar desafíos públicos en el ámbito educacional, lo que ha tenido implicancias.

En efecto, el marco institucional actual que la propuesta de la convención proponía consolidar, no le otorga a los colegios municipales y particulares subvencionados suficiente autonomía o libertad para pilotear y luego escalar con recursos públicos innovaciones tales cómo plataformas digitales que conectan tres actores fundamentales en el proceso de aprendizaje como son los apoderados, alumnos y profesores; y el Ministerio de Educación no tiene el mandato para identificarlas y luego articular su extensión a todo el sistema educacional.

En el ámbito económico, mientras en Chile nos entrampamos en debatir si dar más espacio a privados o bien esperar la formación de empresas estatales, Australia desarrolla a toda velocidad de la mano de privados su industria del litio e hidrógeno verde. Y mientras los gobiernos en nuestro país siguen proponiendo sucesivas reformas tributarias que apuntan a gravar el ahorro y la inversión, olvidamos que prácticamente todos los nuevos emprendimientos chilenos que están creciendo migran tempranamente a los estados de Delaware o Texas en Estados Unidos, o que nuestra naciente industria de capital de riesgo se instala en el estado de Florida.

Sólo desafiando esas ideas e instalando nuevas y renovadas podremos aproximarnos con más libertad a las mejores soluciones a esos dolores y desafíos, sean estas políticas públicas, soluciones privadas o iniciativas de colaboración público-privadas. También podremos re-orientar el nuevo proceso constitucional para que esta vez acuerde una propuesta que sirva de guía y orientación para la habilitación de esas soluciones, en lugar de una utopía en donde depositar todos los anhelos que han de ser resueltos por la varita mágica estatal.

La misión de la sociedad civil (que incluye el emprendimiento) en los tiempos que vienen es esencial. No sólo ofrece espacios de deliberación, capacidades e innovaciones necesarias para enfrentar los desafíos comunes, sino que sobre todo porque es el único contrapeso frente al riesgo que un Estado necesariamente fortalecido, capture el espacio público e instrumentalice la democracia. Como sugieren Acemoglu y Robinson, sólo un desarrollo armónico del Estado y la sociedad civil permite a los países retomar y mantenerse en el pasillo estrecho rumbo al desarrollo.