I+D: subsidios versus

Se ha asentado ya un cierto consenso sobre la urgente necesidad de renovar en forma indefinida el beneficio tributario de la Ley I+D, dada la proximidad de su inminente término en 2025, así como en flexibilizar los requisitos de acceso, facilitar su uso por parte de startups y aumentar el monto del beneficio máximo de obtener.

Y si bien el Gobierno ha planteado su voluntad en tal sentido, lo hizo en el proyecto de reforma tributaria, estando hasta ahora en riesgo su aprobación.

Llama la atención, entonces, que a pesar de que las cifras avalan la eficacia del instrumento, impere la inacción para desanclar esta iniciativa de un proyecto tan controversial como la reforma tributaria.

En paralelo, hace algunas semanas el Gobierno presentó un proyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo (Afide), entidad pública que tendrá el mandato de fomentar el desarrollo económico y/o social de una determinada región o sector productivo. El Ejecutivo plantea esta nueva agencia como una pieza clave para resolver el problema del estancamiento productivo que enfrenta el país, fomentando actividades de mayor valor agregado e intensidad tecnológica, más diversas o complejas, y que permitan un crecimiento económico, social y/o medioambientalmente sostenible.

¿Cómo? Financiando, directa e indirectamente, el desarrollo de proyectos, la innovación, la adopción tecnológica y la diversificación productiva. Ambas herramientas apuntan a potenciar la innovación de base científica y tecnológica y la industria del capital de riesgo, esperando posicionar a Chile en un centro neurálgico de esta industria en América Latina.

La primera, a través de la acción selectiva de un directorio que tendrá que identificar sectores estratégicos de la economía que requieran de apalancamiento público.

La segunda, en cambio, a través de un mecanismo abierto de inversión pública focalizada en I+D.

Ambas herramientas podrían complementarse, pero en el proyecto de ley de Afide se establece una «clara tendencia internacional hacia la reducción de subsidios y el aumento de inversionistas tanto públicos como privados».

¿Puede, entonces, Afide reemplazar la renovación de la Ley I+D? De ninguna manera.

Ambas herramientas podrían contribuir al objetivo de elevar la inversión pública y privada en I+D, pero en la segunda hay evidencia de su impacto y consenso en sus ajustes, mientras que la primera tiene grandes desafíos que resolver, partiendo por un adecuado gobierno corporativo que entregue garantías de imparcialidad y calidad técnica.

La inversión en I+D+i tiene efectos positivos para la sociedad en su conjunto, lo que justifica que como país invirtamos en fomentarla. Sin embargo, estos beneficios no están asociados únicamente a algunas industrias que un puñado de directores pueda identificar como ‘estratégicas’ para la economía del país y desestimar por ‘extractivistas’, y menos si éstos cambian según el alineamiento ideológico del gobierno de turno.

Avancemos, pero esta vez, sin que tengamos que volver atrás.