Indemnización a todo evento

La Indemnización por Años de Servicio es un instrumento muy arraigado en los trabajadores chilenos, lo que genera desincentivos a nuestras autoridades para buscar su disminución.

La discusión en torno a la reactivación económica se tomó el debate público. Si en 2021 el actual ministro de Economía señalaba que “una parte de nuestro programa en el corto plazo no es pro crecimiento”, ahora es él quien impulsa dos reformas para incentivar la inversión, tanto en materia de permisos sectoriales, de evaluación ambiental de proyectos. A esto se suma un Pacto Fiscal que, entre otras medidas, reduce el impuesto corporativo de las empresas a un 25%.

Sin embargo, esto no debería ser motivo de aplausos: Chile está estancado hace una década y lo mínimo que se espera de nuestras autoridades es un giro de timón contundente. Las cifras son claras: desde 2014, en promedio anual, el PIB per cápita creció solo 0,84%, nuestra productividad aumentó 0,09% y la inversión se expandió 0,25%, en comparación con los crecimientos de 3,92%, 2,10% y 10,11% que tuvimos entre 1990 y 2013, respectivamente. Si se analiza el desempleo el panorama es aún más desolador, con un crecimiento mensual del 0,13% entre 2014 y 2019, lo cual se agravó posteriormente a la pandemia, aumentando a 0,55% desde enero de 2022.

Existen diversas razones que nos tienen en esta situación. Una de ellas es la Indemnización por Años de Servicio (IAS). Este derecho, que reciben todos los trabajadores con contrato indefinido que sean despedidos, consiste en recibir un último salario mensual por año trabajado, con un tope de 11 años.

Pero lo que pareciese ser algo positivo, genera incentivos perversos: por el lado del trabajador, aumenta el incentivo a forzar un despido, ya que al renunciar no recibiría indemnización. Por el lado del empleador, al deber anticipar dicho costo, contrata menos personas y, además, a salarios más bajos. La consecuencia natural es que cae la productividad, bajan los salarios y sube el desempleo.

De inmediato surge la pregunta, ¿es Chile una excepción a la regla? Absolutamente. Si en nuestro país, al despedir a alguien que ha trabajado 10 años con contrato indefinido, se pagan 10 últimos salarios, el promedio de la OCDE es de 3,2 sueldos. Además, 12 de los 38 miembros de la OCDE no tienen indemnización, dejando la protección a seguros de cesantía o al Estado.

¿Existe salida de este laberinto? Es complejo saberlo. La IAS es un instrumento muy arraigado en los trabajadores chilenos, lo que genera desincentivos a nuestras autoridades para buscar su disminución. Una alternativa que ha sido discutida es que esta disminuya sus años máximos pagados, pero que sea a todo evento, es decir, que todo trabajador que termine su relación contractual la reciba, sin importar si fue despedido o renuncia, junto con un fortalecimiento del Seguro de Cesantía. Esto evitaría que el trabajador deba forzar su despido, y permitiría una mayor movilidad laboral.

Esta alternativa no es una bala de plata para la reactivación, pero es una reforma importante, a la que gran parte de la política ha decidido hacer oídos sordos. Si se quiere retomar una senda de crecimiento se requerirá de liderazgos decididos, que fomenten reformas sustantivas, incluso si estas no son populares. Solo queda esperar que la política esté a la altura de un debate que priorice el bienestar y el progreso de largo plazo de los trabajadores de Chile.