La Argentina de Milei y Chile

Javier Milei ganó por una mayoría histórica la elección presidencial en Argentina. Como él mismo dijo: “Después de años de decadencia el sistema colapsó, a punto tal que la elección termina siendo ganada por un outsider”. Un outsider que buscará aplicar una terapia de shock, pues la gravedad del enfermo no admite gradualismos.

En nuestro país, la encuesta CEP muestra datos preocupantes de la percepción ciudadana en torno al deterioro institucional de nuestra democracia. El 59% de los encuestados respondió que el nivel de corrupción en Chile es algo o mucho mayor que hace cinco años. Al mismo tiempo, un 73% considera que mucha gente o casi todas las personas están involucradas en corrupción en el servicio público. A juicio de los encuestados, los principales espacios de poder donde estaría arraigada la corrupción son: el Congreso, el Gobierno, las municipalidades, las fundaciones y los gobiernos regionales.

Entre las malas prácticas que los encuestados destacan se incluyen ubicar a familiares o personas cercanas en posiciones de poder, usar información o fondos públicos para beneficio propio, aceptar sobornos, influenciar la asignación de recursos a sus organizaciones y ubicar a políticos cercanos en puestos que exigen experiencia profesional.

Es de esperar que la terapia de shock del nuevo Presidente argentino dé resultados. Pero en Chile, ¿queremos esperar que el sistema colapse y arriesgar tener que optar por una terapia de ese tipo? Objetivamente, las instituciones en Chile están lejos de los niveles de captura y corrupción que sus equivalentes trasandinos. Sin embargo, el nivel de deterioro y captura de que dan cuenta casos como los de Democracia Viva et al.; la crisis educacional en Atacama; los nombramientos de notarios; las investigaciones por apropiación de fondos públicos en municipios como Vitacura, y los eventuales casos de corrupción en instituciones tan fundamentales como el SII y la CMF, por mencionar algunos, es creciente, y comprensiblemente está nutriendo la percepción ciudadana revelada por la encuesta CEP.

Cabe aguardar que los datos entregados por la encuesta CEP y la experiencia argentina contribuyan a romper la inercia y el letargo generalizado que impera. En efecto, mientras Gobierno y Congreso enumeran una larga lista de medidas administrativas, presupuestarias, de auditorías y control, evaden las reformas imperativas al Estado y al sistema político, cuyas falencias subyacen a las malas prácticas referidas.

¿Qué reformas es imperativo acometer?

En la estructura del Estado, establecer una separación nítida entre las funciones políticas de los gobiernos de turno, y las de una administración pública técnica y profesional; un nuevo régimen de empleo público fundado en el mérito y el desempeño; límites y reglas más exigentes para los funcionarios de confianza política; y una nueva institución técnica e imparcial que evalúe las políticas y programas públicos.

En el sistema político, la integración al proceso de formación de leyes de instancias de participación ciudadana y de análisis técnico. Respecto de lo primero, caben aquí iniciativas ciudadanas de ley, foros de deliberación ciudadana y audiencias públicas. Respecto de lo segundo, se requiere de una oficina técnica de finanzas públicas e impacto regulatorio en el Congreso. Luego, se requiere disminuir el grado de fragmentación parlamentaria para facilitar los acuerdos y mejorar la gobernabilidad, meta que exige al menos imponer un umbral mínimo de votos para que un partido alcance representación parlamentaria; y ajustes al sistema electoral que incentiven candidaturas moderadas y conciliadoras y eviten fuerzas centrífugas.

Si bien hay muchos contenidos en base a los cuales podrá decidir su voto en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre, no deje de destinar cinco minutos a leer los artículos 45 al 50, 56, 64 y 108 al 112 , que contienen todas estas propuestas de modernización del Estado y del sistema político. Y si los chilenos deciden mantener el texto vigente, la invitación es a no dejar de desafiar al sistema político para que estas reformas se discutan en el Congreso y se transformen en leyes.

Todavía Chile tiene la oportunidad de aplicar un reformismo innovador que mejore el funcionamiento y la confianza hacia instituciones fundamentales de la democracia, y evitar así la cornisa a la que llegó Argentina, donde solo cabe la terapia de shock, siempre riesgosa y de resultado incierto.