La cinta roja

En el imperio de Carlos V los dossiers a los que los funcionarios debían destinarle inmediata atención eran amarrados con una cinta roja, lo que a comienzos del siglo XVI era una forma de modernizar el Estado, puesto que la señal colorida daba cuenta de aquellos asuntos que el Consejo de Estado debía revisar de inmediato y en sesión especial. No obstante, en el siglo XXI, ya con computadores de por medio, el que los funcionarios de la administración del gobierno de España continuaran usando la misma cinta roja para amarrar los documentos de las carpetas mas relevantes de su quehacer burocrático, transformó la tecnología quinientista en metáfora, y luego en pesadilla. En efecto, según la OCDE en 2013 España registraba la peor puntuación en el indicador de Diseño y Evaluación de Políticas Ambientales (DEEP), ante lo cual el país ibérico implementó un conjunto de reformas políticas que lo llevaron a alcanzar la 3ª mejor puntuación en 2018, reformas principalmente destinadas a simplificar reglamentos y reducir la carga normativa que pesaba sobre las empresas.

La semana pasada, el presidente Boric afirmó en ENADE nuevamente que nuestro sistema de permisos sectoriales es incoherente, reiterativo y una tranca a la inversión porque genera altos niveles de incertidumbre, para lo cual tiene al ministro Grau liderando una reforma que busca devolverle racionalidad al sistema, disminuyendo en un 30% promedio los plazos para la obtención de permisos sin disminuir el estándar ambiental y de cumplimiento de la ley. Y si bien la cartera trabaja actualmente en una indicación que busca llevar ese 30% a una meta más ambiciosa reemplazando la sucesión lineal de permisos por carriles paralelos que reduzca los plazos en un 50%, la complejidad resultante de la agregación normativa sectorial es tal, que cualquier esfuerzo de racionalización pasa necesariamente por la simplificación regulatoria en lugar de la mera ordenación.

Y es que ya no es normativamente razonable exigirle a un parque solar fotovoltaico instalado en la comuna de Colina que comience su derrotero permisológico con una declaración de interés nacional que CONAF puede tardar 4 años en otorgar, o a una desaladora de agua de mar iniciar la ordalía de autorizaciones administrativas solicitando una concesión marítima que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas puede tomar hasta 4 años en otorgar. En ambos casos, la espera comienza incluso antes siquiera de levantar una línea de base que prepara la presentación de un estudio de impacto ambiental al SEIA.

Si realmente el presidente quiere hacer de los permisos sectoriales un sistema coherente que impulse la inversión en lugar de trancarla, proveyendo certeza y celeridad, cualquier indicación al proyecto de ley debe partir por analizar la real necesidad de mantener algunos de los múltiples permisos ambientales sectoriales mixtos existentes. En efecto, la primera estación en un viaje de racionalización, es realizar una revisión del listado de permisos habitual de un proyecto (por ejemplo, el preparado por SERNAGEOMIN para los proyectos mineros) para verificar la real necesidad de cada permiso en la actualidad, a fin de eliminar aquellos que puedan estar desactualizados o que actualmente no se justifica su obtención.

Es fundamental que este gobierno asuma un papel proactivo en la eliminación de la cinta roja, simplificando regulaciones obsoletas y adoptando tecnologías y procesos innovadores que agilicen la prestación de servicios y la toma de decisiones. En última instancia, la eliminación de la cinta roja no solo beneficiará a las empresas y al gobierno, sino que también mejorará la calidad de vida de los ciudadanos al facilitar el acceso a servicios de calidad de manera más rápida y eficiente.