La miopía del debate público en Chile

Cada nuevo Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central es una confirmación del mediocre rendimiento de la economía chilena. No sólo nuestro Producto Interno Bruto (PIB) per cápita lleva 11 años sin crecer, sino que se proyecta que este estancamiento se mantendrá por diez años más. En esta columna quiero aventurar uno de los posibles factores que pueden estar detrás de nuestro deterioro económico: la miopía del debate público en Chile durante los últimos años.

Existen diferentes mecanismos para atraer inversión en un país y convertirlo en un lugar atractivo para emprender proyectos que generen empleos y valor agregado. Y uno de ellos es garantizar reglas claras del juego, con mirada de largo plazo. Pero nuestro sistema político ha hecho lo opuesto. En los últimos años se ha visto que el debate público ha priorizado medidas de corto plazo, que arriesgan cambios en las reglas e introducen incertidumbre en la economía.

Una clara señal de esta mirada cortoplacista que ha impregnado las decisiones de políticas públicas es que hace diez años el Gobierno Central presenta déficit fiscal. Hace diez años que el Estado gasta más de lo que recauda. Cuando un país se está endeudando, se genera entre los agentes privados la expectativa de que, tarde o temprano, el Estado tendrá que obtener recursos extras para financiar la deuda o el mayor gasto, con una probabilidad no menor de obtenerlos del sector privado, ya sea a través de más impuestos o algún otro mecanismo. Es decir, cambiándole las reglas del juego a los agentes económicos.

¿Chile está experimentando estos cambios en las reglas? Hay varios ejemplos que indican que sí, comenzando con la carga tributaria a las empresas. La tasa de impuesto corporativo ha crecido desde un 20% en 2014 hasta el actual 27%, de las mayores del mundo, junto a una semi desintegración del sistema tributario, reduciendo la rentabilidad del capital en Chile. Otro ejemplo es el icónico episodio de los retiros del 10% de los fondos de pensiones, que mermó la principal fuente del ahorro de los hogares y obligó a las administradoras retirar y liquidar de forma inmediata activos del mercado local que se suponían ser inversión de largo plazo.

Luego está el reciente caso del congelamiento de las tarifas eléctricas y su posterior subsidio a los hogares. En medio de las revueltas sociales a fines del 2019, para nuestros congresistas fue muy fácil y cómodo dar los votos para evitar un alza de 9% de las cuentas de luz, y fue muy fácil también mantener los precios congelados por cinco años más.

Como resultado de esta decisión, el Estado acumuló una deuda de US$6.000 millones con las empresas generadoras de electricidad. Un 25% de este monto se explica por los intereses acumulados. Y hoy, para evitar un alza brusca en las tarifas eléctricas sobre los hogares, el gobierno quiere financiar un subsidio cambiándole las condiciones a las generadoras de electricidad de menor tamaño.

En el debate de pensiones se ve el mismo tono. En los más de diez años que lleva esta discusión, no hemos logrado fortalecer el ahorro de mediano y largo plazo a través de un alza en la tasa de cotización hacia las cuentas de los trabajadores.

Por el contrario, las principales reformas que se han implementado son aumentar el gasto fiscal hacia las pensiones, primero creando y fortaleciendo el Pilar Solidario y luego reemplazándolo por la Pensión Garantizada Universal. Más allá de que transferir recursos fiscales hacia los actuales jubilados era urgente y necesario, lo que preocupa es que mientras aumenta el gasto en pensiones, no se haga algún esfuerzo para profundizar el ahorro previsional con mirada de largo plazo.

La economía de Chile lleva más de diez años con un rendimiento mediocre, sin crecer, sin generar nuevas oportunidades a los hogares chilenos, y sin proyección de salir de este estado. Hay miles de tesis que tratan de explicarlo. Uno de los factores detrás de esta realidad es la miopía del debate público en Chile, que prioriza medidas de corto plazo, que introducen incertidumbre a nuestra economía y desincentivan la inversión. Esto se refleja en el continuo aumento del índice de incertidumbre del país y una caída de la inversión en el país en el último decenio.

Es importante señalar que esta inclinación hacia políticas cortoplacistas comenzó hace varios años atrás, abarcando gobiernos tanto de izquierda como de derecha. Necesitamos un cambio de enfoque en el debate público, transversal a todos los partidos políticos, que priorice medidas de largo plazo que faciliten el crecimiento de nuestro país.