La pelota no se mancha

La semana pasada se activaron alarmas en La Moneda, y la razón no era una de aquellas que suelen provocar trasnoches en Palacio, sino que era el fútbol chileno el que agitaba las aguas. Ese día, faltando menos de 48 horas para que la Universidad de Chile debutara en el Campeonato Nacional contra Cobresal, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana comunicó la suspensión del partido. Los argumentos de la autoridad fueron que se trataba de un partido de alta convocatoria y peligrosidad, y que no se contaba con el contingente policial adecuado para que se realizara sin poner en peligro la seguridad.

Nadie cuestiona la preocupación de las autoridades por la seguridad y el orden público en eventos deportivos, pero, ¿qué justifica que esta noticia se haya recibido a menos de dos días del evento y con entradas ya vendidas? ¿Cómo se entiende que cinco días antes sí se haya contado con contingente policial para un partido de Colo Colo? ¿Cómo se explica que en las múltiples semanas de trabajo entre el club y las autoridades no se hayan levantado estos problemas y se haya trabajado en una forma de darles solución? La respuesta para todas estas preguntas es la misma: los síntomas de nuestro Estado, cada día más disfuncional, se extienden a áreas en que no estábamos habituados a verlos, esta vez a una especialmente sensible para la ciudadanía, el fútbol.

No es un hecho aislado. Después de años relegados venía el esperado re-debut de Cobreloa en primera división, contra el actual campeón Huachipato, la semana pasada también se esperaba una fiesta en Calama. Sin embargo la delegación redujo el aforo a menos de la mitad de la capacidad del estadio, aguando la celebración a las casi siete mil personas que no pudieron ver el primer partido de su equipo en la división de honor. Algo similar ocurrió esta semana, en que el partido entre Palestino y, nuevamente, Cobreloa, fue autorizado sin público visitante y con aforo reducido. Una decisión extraña considerando que el promedio de asistencia de Palestino como local en 2023 fue de poco más de mil personas, y que más de 1.500 kilómetros separan su estadio de Calama.

A esto se puede agregar que recién este miércoles la Universidad Católica recibió la autorización para comenzar a vender entradas para su debut, a jugarse este viernes. A su vez, el equipo laico que ahora jugaba su segundo partido como local, se vio obligado a reducir el aforo en 9 mil personas, decisión en extremo dañina para el equipo azul, que lleva varios años sin números del mismo color.

Lo más complejo es que esto no es sólo fútbol: es una muestra del daño que hace el no contar con un Estado profesional, meritocrático y que trascienda las administraciones. ¿Qué explica que el programa Estadio Seguro haya pasado desdibujado entre gobierno y gobierno, cambiando de personas, de estrategias y de relevancia? ¿Por qué no cuenta en su dirección con expertos en deporte, seguridad y organización de eventos de alto nivel? ¿Es entendible que no haya continuidad en políticas que necesitan, entre otros elementos, de estabilidad en el tiempo para su desarrollo? ¿Hay una evaluación del impacto de este programa en un escenario donde lo que parece es que cada vez asistir al estadio es más inseguro? ¿Y por qué el programa es sobrepasado en cada ocasión que hay un hito importante, derivando las decisiones a funcionarios que difícilmente cuentan con las competencias y la información requerida para resolver con la celeridad que se precisa?

En un Estado donde sus autoridades se elijan por su capacidad, donde se premie la experiencia y donde el mérito sea el filtro principal para integrar puestos de alta responsabilidad esto no podría pasar. De hecho, no pasa: revise usted países en el mundo en que existan problemas como los relatados y entenderá el nivel del drama chileno.

Hoy, es urgente un cambio en la gestión del Estado para que la ineficiencia de los entes públicos no agregue una nueva mancha que siga alejando a las familias de una de sus principales fuentes de alegría y pasión: el fútbol.