Ley de Inclusión Escolar:

Mientras la atención del debate en torno a la educación suele estar capturada por el nuevo proyecto del gobierno que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, es crucial para el país que la educación escolar no quede en un segundo plano. En esta columna haré una descripción del sistema escolar chileno, una evaluación de su desempeño y de los importantes desafíos pendientes.

Desde principios de los 80, el sistema escolar es mixto, con participación de privados y del Estado en la oferta educativa. Se compone de tres tipos de establecimientos:

1. Establecimientos administrados por municipales o SLEP (Servicios Locales de Educación Pública), y son 100% estatales;
2. Los particulares subvencionados, que son administrados por privados, pero reciben financiamiento estatal;
3. y los particulares pagados, con administración privada y que no reciben ningún subsidio del Estado.

Una de las principales características del sistema escolar chileno es la implementación de la subvención escolar, o voucher, en que el Estado paga un monto mensual por alumno que asiste a las escuelas elegidas por los padres, sean estas estatales o particulares subvencionadas. El diseño del voucher pretende que a través del subsidio a la demanda se incentive la participación de establecimientos privados para mejorar la cobertura escolar y se genere una competencia entre las escuelas con miras a mejorar la calidad de la oferta educativa.

¿Cómo nos fue en cobertura escolar? Súper bien. La cobertura, medida como el porcentaje de niños entre 6 y 19 años que asisten a clases, aumentó desde un 53% en 1990 hasta un 97% en el 2022. Este incremento fue liderado por la participación de los establecimientos particulares subvencionados: en 1990 sólo un 18% de los niños en edad escolar asistía a este tipo de dependencia, y en 2022 este porcentaje alcanzó un 54% (ver figura 1)

¿Hubo mejoras en la calidad de la educación? Para evaluar correctamente el desempeño escolar, el Ministerio de Educación clasifica a los colegios en cinco Grupos Socioeconómicos (GSE): Bajo, Medio-Bajo, Medio, Medio-Alto y Alto. Estos grupos se construyen a partir del nivel de educación de los padres, el nivel de ingreso de los hogares y el índice de vulnerabilidad de los estudiantes reportados por la JUNAEB, de tal forma que las características en un mismo grupo socioeconómico sean lo más similares entre sí y, a la vez, entre grupos socioeconómicos diferentes sean lo más distintas posibles.

Una forma de evaluar la calidad de la educación es a través del Simce, una prueba estandarizada realizada a todos los estudiantes del país que cursan ciertos niveles evaluados. Al observar la evolución del Simce de 4° básico, se aprecia una mejora en los puntajes promedios en los tres grupos socioeconómicos (GSE) de mayor vulnerabilidad (Bajo, Medio Bajo y Medio), tanto para establecimientos municipales como para particulares subvencionados. Lo interesante es que entre el 2002 y 2023 se redujeron las brechas de puntajes de los GSE Bajo, Medio Bajo y Medio respecto al grupo socioeconómico Alto, explicado por las mejoras en los GSE más vulnerables. Esto es una buena señal del rol del sistema escolar en movilidad social (figura 2)

A pesar de estas mejoras en cobertura y calidad, el sistema escolar chileno sigue siendo segregado. La demanda por educación de los estudiantes de menor nivel socioeconómico es mayormente cubierta por los establecimientos estatales (figura 3), y si bien se han reducido las brechas de rendimientos académicos, éstas siguen siendo altas. La diferencia de puntajes del Simce de 4°básico entre los estudiantes del GSE Alto y el GSE Bajo son 53 puntos, equivalentes a una desviación estándar (figura 4).

Si queremos avanzar hacia un país con mayor movilidad social, en que el lugar de nacimiento de la persona no sea el principal factor que determine sus oportunidades de vida, es fundamental seguir fortaleciendo el sistema escolar. Dados los resultados positivos del sistema mixto chileno, tanto en cobertura como en reducción de brechas de puntajes entre los distintos grupos socioeconómicos, se debiera fortalecer el carácter mixto del sistema escolar, abriendo la cancha para que los mejores actores, independientemente de si son estatales o privados, puedan participar en la oferta escolar, bajo un estándar regulatorio exigente. 

Pero la Ley de Inclusión Escolar (ley N° 20.845) publicada el 2015 hizo lo opuesto, pues en los hechos, congeló el surgimiento de establecimientos particulares con subvención estatal. Esta norma sólo autoriza la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados cuando exista una “demanda insatisfecha” por matrícula o cuando no exista un proyecto similar en la misma zona. Además, esta ley exige a los nuevos sostenedores ser dueños o comodatarios de los inmuebles en que funcionen los establecimientos educacionales. Es decir, para poder recibir la subvención estatal se requiere que alguien efectúe una millonaria inversión en infraestructura sin ningún retorno o que reciba un inmueble en comodato.

Se debiera reformar la ley para que la matrícula insatisfecha se considere acreditada cuando el desempeño de los establecimientos existentes sea evaluado reiteradamente como insuficiente, pudiendo utilizar para ello la Ordenación de la Agencia de Calidad de la Educación. Además, se debiera permitir que los nuevos particulares subvencionados puedan arrendar los inmuebles, al igual que los actuales sostenedores, con resguardos necesarios para evitar malos usos. Este proceso debe ir acompañado de un estándar regulatorio exigente, que asegure que los establecimientos que surjan o crezcan sean de mejor calidad que los actuales.

Los resultados positivos del sistema mixto chileno, tanto en cobertura como en calidad, nos llevan a proponer avanzar hacia un marco legal habilitante y no restrictivo del surgimiento de sostenedores privados que integren la oferta pública educacional. Estos deben convivir con establecimientos estatales fuertes para fomentar una sana competencia entre las distintas alternativas disponibles, promover una mejora en la calidad de todo el sistema y permitir una mayor diversidad de proyectos.