Lo que subyace a las decisiones gubernamentales

¿Qué tienen en común decisiones como la fallida visita a Temucuici, los “side letters” como condición para ratificar el TPP11 y los recientes indultos presidenciales?

En un encuentro organizado por Pivotes, el rector de la UDP Carlos Peña hizo una interesante distinción entre dos racionalidades presentes en un Estado moderno: la sustantiva y la instrumental. Esta última se ocupa de los medios, la primera de los objetivos. El Estado moderno se ha ido construyendo, agregó el rector, a partir de la despersonalización del poder, de manera que sirva los objetivos de cualquier gobierno (la racionalidad sustantiva) con una eficacia y eficiencia indiferente a su orientación política (la racionalidad instrumental).

Para no quedarnos en una discusión abstracta, es interesante analizar las tres decisiones mencionadas a la luz de esta distinción.

En las tres resulta evidente una mal concebida racionalidad sustantiva subyacente, profusa en símbolos e imágenes reduccionistas. En la fallida visita de la exministra a Temucuicui, el fin político fue mostrar que este sería el primer gobierno en priorizar el diálogo con los líderes del Wallmapu residentes en la referida localidad como camino de solución al conflicto, por sobre la militarización. Por su parte, cuando ya era insostenible la resistencia a ratificar el TPP11, aparecieron las “side letters” del subsecretario para seguir insistiendo que los tratados internacionales serían instrumentos al servicio de multinacionales del norte y que les quitarían autonomía a los gobiernos del sur latinoamericano. Finalmente, en el más reciente caso de los indultos, la racionalidad sustantiva fue exculpar la violencia o ctubrista ejercida por jóvenes que habrían sido víctimas del sistema.

En las tres decisiones, en cambio, brilló por su ausencia la racionalidad instrumental. Así, por ejemplo, en la visita de la exministra, no existió un análisis de escenarios, de riesgos e implicancias, como tampoco se desplegaron acciones preparatorias y preventivas. En los side letters, no se anticipó como plausible el bochorno que sólo 3 de 10 cartas llegarían, quedando nuestro país en una posición minoritaria. Y p ara el caso de los indultos, se pasó por alto el prontuario de los potenciales indultados, que la ministra Vallejo reconoció no estuvo en la mesa del presidente en algunos casos, como si fuera un antecedente meramente accesorio e insignificante al lado de la señal que se quería transmitir.

Más allá del reproche que merecen los objetivos perseguidos por estas tres decisiones, la forma como se ejecutaron muestra el desdén por la esencial racionalidad instrumental en la toma de decisiones, así como las consecuencias que ello trae: tres decisiones fallidas en medio de una marea de contradicciones y desaciertos que debilitaron la institucionalidad estatal, cuando más necesario era fortalecerla.

Mucho se dice -correctamente- que, si hay algo que una nueva Constitución debe resetear, es nuestro malogrado sistema político y electoral. En Pivotes creemos que es imperativo que también habilite la postergada modernización del Estado, y especialmente en dos piezas fundamentales del engranaje, como son el gobierno y la administración pública.

Para ello una nueva Constitución debe establecer una nítida distinción entre ambos roles. La conducción política del Estado y la definición de las políticas públicas le compete al gobierno, para lo cual requiere de funcionarios de confianza que deben responder a un criterio de excepcionalidad y consecuentemente a reglas de especiales para su nombramiento, responsabilidad y cesación. En cambio, nutrir las decisiones del gobierno con análisis técnico y evidencia, implementarlas con eficacia y eficiencia, y proveer ala ciudadanía de servicios públicos de calidad, es la responsabilidad de la administración pública, la que debe ser ejercida con imparcialidad y estricta sujeción a las leyes. Es fundamental que la administración pública vuelva a ser un contrapeso a la simple voluntad o caprichos de los gobernantes.