Modernizar el rol de la Primera Dama

Con la muerte del expresidente Sebastián Piñera se reabrió un debate que parecía dormido: un 54% de los consultados por Cadem estaría de acuerdo con que se restituya, a través de la aprobación de una ley, el cargo de Primera Dama. Y, en paralelo, la figura de Cecilia Morel se posicionó entre las mejor evaluadas del país. Sin embargo, el tema se ha tocado con mucha superficialidad: mientras algunos quieren evitar que el cargo se reponga, otros buscan que regrese, pero sin entrar en el fondo del asunto.

En una era marcada por rápidos cambios sociales y políticos, la institucionalidad de roles tradicionales como el de la Primera Dama se somete a un escrutinio merecido y necesario. La modernización del Estado nos obliga a replantear y, si es necesario, redefinir las funciones de figuras que, aunque cargadas de historia, pueden parecer anacrónicas en el contexto contemporáneo.

Se podría argumentar que hay razones válidas para institucionalizar formalmente el cargo de la pareja presidencial. Siendo una persona de significativa relevancia pública, hay preocupaciones legítimas sobre conflictos de interés y la posibilidad de que, por ejemplo, si trabaja en el sector privado pueda estar sujeta a críticas de clientelismo o favoritismos indebidos, lo que la obligaría a renunciar a algún cargo. Por otro lado, si lidera iniciativas de políticas públicas, es imperativo que estas sean estables y coherentes con los objetivos a largo plazo del Estado.

Sin embargo, es crucial hacer una distinción entre el reconocimiento debido a su rol público y la necesidad de llenar el cargo en cada administración. No es razonable asumir que la posición debe ser ocupada independientemente de las circunstancias personales del Presidente o la Presidenta en turno, sobre todo considerando que dos de los últimos tres mandatarios no tenían una pareja estable. La pareja del Presidente -sea cual sea su género- puede jugar un rol, institucionalizarse y darle un margen de acción, pero cuando se cumplan ciertas condiciones. No debemos llenar el cargo porque sí, debe tener un foco más republicano.

Toda esta discusión deja muchas preguntas que hacen necesario abrir el debate. Dicho puesto podría tener el foco en liderar causas sociales. No obstante, es relevante que queden establecidas las condiciones. ¿Tendrá presupuesto? ¿Tendrá equipo? ¿Habrá margen de acción? ¿Si se separa del mandatario, queda inhabilitada del cargo? No es trivial, debe quedar normado.

La modernización del Estado exige que se debata abierta y constructivamente sobre cómo podría evolucionar este cargo. Podríamos imaginar una estructura más flexible y moderna, una que permita que el rol evolucione según las necesidades de la administración y los tiempos, sin estar atada a formalismos del pasado. Tal vez sea el momento de considerar si el cargo debe ser más un título o una posición de responsabilidad definida, con deberes y expectativas claras y acordes a los desafíos del siglo XXI.