Mucho más que cupos disponibles

En 2015 se aprobó la Ley de Inclusión Escolar, que incorporó restricciones para la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados. Para poder acceder a la subvención, estos deben satisfacer una demanda insatisfecha por matrícula, o bien contar con un proyecto educativo diverso a los existentes en un determinado territorio. Además, en ambos casos deben ser dueños del inmueble, una barrera económica casi insalvable. Como resultado de estas restricciones la oferta se ha reducido significativamente, lo que ha motivado diversas iniciativas parlamentarias que buscan flexibilizarlas.

Estas propuestas van en la dirección correcta. No podemos permitir que la oferta de nuevos colegios permanezca congelada cuando hay miles de estudiantes que no cuentan con vacantes. La necesidad de flexibilizar la exigencia de propiedad del inmueble genera pocas dudas. El requisito de la demanda insatisfecha es más complejo de abordar. El proyecto más reciente establece que la existencia de demanda insatisfecha se debe acreditar con la firma de un grupo de apoderados interesados que represente al menos un 20% de la matrícula proyectada en el eventual nuevo establecimiento.

¿Basta con la voluntad de un grupo de apoderados para que sea razonable fundar un nuevo colegio? ¿O debiéramos procurar además que las nuevas alternativas sean de mejor calidad que las existentes? No es tolerable seguir sacrificando el derecho a la educación de generaciones enteras con el objetivo de controlar la oferta de manera estricta, pero tampoco volver a un sistema en que el surgimiento de opciones de mala calidad no tiene ningún control.

Considerar el interés de las familias es un elemento importante, pero no debería ser el único criterio. Lo razonable sería generar una regulación exigente, que promueva que las nuevas alternativas sean siempre mejores que la oferta existente.

Con igual importancia, parece más eficaz promover que las mejores alternativas disponibles en la actualidad crezcan. El Estado debería poner todos los incentivos para que los mejores sostenedores se interesen en administrar educación estatal, en colaboración con los SLEP. Solo así podremos garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación digna y de calidad, con la urgencia requerida, y no simplemente a nuevos cupos.