"Permisología" y fast-track:

Mucho se ha debatido en las páginas de «El Mercurio» sobre «permisología» y fast-track a partir de la propuesta del Gobierno de que la nueva cárcel de alta seguridad quede eximida de ciertos trámites que demorarían en exceso su construcción. En efecto, el Consejo de Políticas de Infraestructura sugirió extender esa modalidad a las redes de transmisión eléctrica, y el CEP propuso un «súper fast-track» para proyectos de infraestructura verde que contribuyan a las metas de descarbonización. Todos, buenos y necesarios aportes.

Sin embargo, en lugar de que la lista se siga engrosando con el sector predilecto de cada cual, aprovechemos la iniciativa del Gobierno para avanzar en un proyecto de ley integral de reactivación de la inversión. Para activar este debate, formulamos en estas páginas una propuesta que hemos trabajado en Pivotes: institucionalizar un camino especial al que puedan optar los grandes proyectos de inversión, que comprendería dos etapas.

Primero, la opción voluntaria para el titular de un ingreso temprano de su proyecto (descrito en base a ingeniería de perfil) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tiene entonces la responsabilidad de resolver definitiva y tempranamente materias que en el procedimiento actual se mantienen abiertas hasta el final, como son el área de influencia, el alcance de la línea base y la compatibilidad del proyecto con el ordenamiento territorial. Esta fase involucraría participación ciudadana y consulta al Ministerio del Medio Ambiente, a la cartera sectorial y a los gobiernos regionales y comunales correspondientes.

En segundo lugar, para aquellos proyectos que cuenten con una resolución favorable de esta primera etapa de pre-screening, ofrecer la opción de un régimen de contratos especiales de inversión. En estos, el Estado ofrecería invariabilidad regulatoria de las normas vigentes aplicables y el otorgamiento en un plazo cierto de concesiones u otros permisos sectoriales. El titular, por su parte, suscribiría una declaración jurada de cumplimiento de estándares medioambientales y un Acuerdo Voluntario de Preinversión (AVP), con un plan de inversión social en el territorio del área de influencia del proyecto.

Es importante destacar que este camino especial al que podrían optar grandes proyectos de inversión no reemplaza la necesidad de una evaluación ambiental, a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En cambio, sí permite que esta comience con ciertas materias relevantes resueltas, para abocarse a una evaluación técnico-científica de los impactos medioambientales singulares (aquellos que no son posibles de transformar en estándares) y la suficiencia de las medidas de mitigación, compensación y reparación.

«Estamos preparando un EIA que esperamos ingresar a fines de 2025», explicó el country manager de la minera estadounidense Freeport McMoran, al anunciar el proyecto de expansión del Abra de US$ 7.500 millones que entraría en operación recién en 2033. «Es posible detectar preocupantes vacíos y deficiencias en la línea base», argumentaron más de 30 ONG para rechazar el ingreso del EIA del proyecto de hidrógeno verde de NH Energy en Magallanes.

Lo que estas declaraciones demuestran es la ausencia de un espacio institucional que permita al titular presentar el proyecto tempranamente, a los interesados formular sus observaciones y al Estado zanjar materias fundamentales como el área de influencia, el alcance de la línea base y la compatibilidad con los instrumentos de ordenamiento territorial. De esta forma se cerrarían de forma anticipada ciertas rendijas por donde se cuelan activismos, vetos e intereses, tanto particulares como políticos, para luego ofrecerles a todos los interesados plazos ciertos, seguridad jurídica y una evaluación técnico-científica.

Es una buena noticia que la Corporación de Bienes de Capital dé cuenta de un portfolio de proyectos de inversión que se amplía, así como los anuncios recientes de los referidos proyectos mineros y de hidrógeno verde. Para que se concreten en plazos ciertos, Gobierno y Congreso deben entregar las herramientas jurídicas necesarias.