Pobres criaturas

El 12 de marzo fue un día importante para la industria de los Notarios, Archiveros y Conservadores de Bienes Raíces. Desde el cambio de gobierno el proyecto de ley que los regula se encontraba paralizado. Sin embargo, con el inicio de este nuevo período legislativo eso cambió, se le asignó suma urgencia, y el cambio se notó, al punto que ya aparecen en distintos medios de prensa noticias que dan cuenta de la preocupación de los regulados, especialmente Conservadores de Bienes Raíces y sindicatos de trabajadores. Bien sabemos que cuando esta industria se preocupa, se ponen a trabajar.

Desde hace años Chile necesita una reforma a estos auxiliares de la justicia, reforma que nunca llega. Es de conocimiento público los excesivos vínculos de notarios, archiveros y conservadores con parlamentarios y altos personeros del poder judicial. Hay señales de alerta sobre sistemas de nombramientos poco transparentes y que generan incentivos perversos para jueces y autoridades, que debiesen estar concentrados en otro tipo de actividades. También se sabe que existen cientas de notarías que no respetan los aranceles legales y que en muchas de ellas es altamente improbable encontrarse alguna vez con el notario titular, y sin embargo el lobby frena toda iniciativa de regulación.

Un caso especialmente complejo es el del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con los tres registros que lo componen. Ya el año 2022, con la muerte del abogado Edmundo Rojas García, Conservador de Bienes Raíces de Santiago responsable del Registro de Hipotecas y Gravámenes por más de 50 años, se desató una carrera por el acceso a ese cargo. El interés no es sorpresivo, el nombramiento implica hacerse acreedor del “sueldo más alto de Chile”, según especulan muchos, remuneración cuya única justificación viene dada por un monopolio entregado por la ley, que responde más a motivos históricos que a razones de buena política pública.

En una poco célebre entrevista del año 2009, Luis Maldonado, también Conservador de Bienes Raíces de Santiago y responsable del Registro de Comercio, daba a entender que sus ingresos eran de “tan solo” 60 millones de pesos mensuales, aproximadamente. Otros entendidos hablan de que podría llegar a ser hasta tres veces ese monto. Tampoco parece ser la meritocracia la que justifica las designaciones, el mismo Maldonado es hijo del ex presidente de la Corte Suprema, hermano de la ex fiscal judicial de la misma institución y sobrino del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia.

Las indicaciones del Ejecutivo a este proyecto de ley no son radicales, no eliminan esta industria como sí planteó en su momento la Convención Constitucional, sino que tan solo proponen que esta institución se divida en cuatro, fraccionando por lo tanto los exagerados ingresos que perciben. Sin embargo, este cambio tiene “en alerta” al sindicato de trabajadores de la institución, nuevos voceros de la industria. Vale la pena recalcar que estos trabajadores tienen un estatuto laboral atípico, por cuanto se llevan una parte de los ingresos de la institución, en lugar de un sueldo fijo. No es llamativo entonces la férrea oposición a una reforma.

Bien harían Conservadores y trabajadores de la institución en entender que lo que fue tolerable durante 50 años ya no lo es más, y que oponerse a ajustes razonables solo va a generar que en el futuro se terminen este tipo de instituciones, y se reemplacen por un órgano público como el Registro Civil. No hay “pobres criaturas” en la industria de notarios, archiveros y conservadores, se trata de un sector especialmente privilegiado por la regulación, y también uno de los más eficaces en evitar ser regulados. Ni siquiera un estallido social contra los privilegios junto con una Convención refundacional fue capaz de enfrentar esta estructura. Sin embargo, hay veces que “tanto va el cántaro al agua, que al final se rompe”. Por el bien del país y de la legitimidad de sus instituciones, esperemos que esta sea la vez en que el cántaro finalmente se rompa.