¿Política industrial moderna?

Justo cuando el Presidente Boric y la presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, anunciaban la semana pasada un acuerdo en virtud del cual la UE compromete su apoyo a la industrialización y al impulso de las cadenas de valor en Chile para el cobre y el litio, a cambio de la provisión de dichos minerales por parte de nuestro país, el semanario The Economist advertía sobre la ilusión de la industrialización, indicando que el entusiasmo que dicha política ha suscitado en distintas latitudes terminará siendo muy costoso, y que la promesa de más crecimiento, innovación y buenos empleos que envuelve no pasaría de ser más que una quimera.

Chile es uno de los países que están abrazando ese tipo de políticas para industrias basadas en recursos naturales. En efecto, en abril del 2023 la Corfo asignó la calidad de productor especializado del litio al gigante automotor chino BYD, que invertirá US$ 290 millones en una planta de 50.000 toneladas año de material catódico del tipo LFP que se producirían a partir de carbonato de litio producido por SQM y entregado a BYD a un precio preferente.

A esta decisión de Corfo, se debe sumar lo anunciado por la ministra de Minería y el ministro de Economía en el Senado en cuanto a adjudicar este año en forma directa, sin mediar licitación ni competencia alguna, sendos contratos especiales de explotación de litio a Codelco y Enami en salares distintos del de Atacama. Nos imaginamos que parte de las producciones futuras de litio de estos privilegiados vehículos estatales también será entregada a precios preferentes a empresas (¿chinas?) para que produzcan valor agregado.

Finalmente el Ministerio de Minería anunció el desarrollo de una nueva fundición de cobre que sería 100% estatal o bien de propiedad mixta. Si bien reconocen que la rentabilidad es acotada, habría razones estratégicas para invertir en una nueva fundición.

Parece ser entonces que la versión del Gobierno de una “política industrial moderna” estaría dada por una combinación de control estatal e incentivos o condiciones especiales para instalar en Chile fundiciones de cobre y fábricas de cátodos de litio o baterías. Y usando como método preferente la asignación directa, sin pasar por licitaciones abiertas y competitivas.

Sobre la asignación a BYD de una cantidad de carbonato de litio a precio preferente, cabe preguntarse: ¿Qué otras empresas participaron? ¿Por qué se asignó a BYD? ¿Qué análisis se hizo, para determinar, por ejemplo, que era bueno sacrificar royalty de la producción de SQM por exigirle en vez que entregara litio a precios subsidiados a BYD? ¿Qué magnitud tiene el subsidio de precio u otros beneficios entregados al gigante chino como para contrarrestar la tendencia global de concentrar la producción de cátodos, celdas y packs de baterías de litio cerca de la industria automotriz? Recuerde que el litio representa solo un 4,4% de los cátodos LFP.

Si bien se puede comprender la negociación Codelco-SQM sobre su operación en el salar de Atacama, ¿qué razones se tuvieron a la vista para asignar en forma directa contratos especiales de operación de litio a Enami y Codelco en otros salares? ¿Por qué no se optó por hacer ya una licitación internacional de contratos de exploración y explotación donde compitan en igualdad de condiciones empresas estatales y privadas? ¿Qué razones hay para mantener la anomalía de que el litio sea uno de los tres minerales que no se pueden concesionar? ¿Por qué, mientras la ministra de Obras Públicas prioriza licitar concesiones para desarrollar proyectos de desalación, la de Minería opta por la asignación directa a empresas estatales para desarrollar el litio? Sobre la anunciada fundición de cobre, ¿cuáles son las llamadas razones estratégicas que justifican un proyecto estatal de dudosa rentabilidad?

Esta concepción de política industrial representa un cambio bien profundo y discutible sobre cómo desarrollar la economía basada en riquezas naturales como el litio o el cobre, y es preocupante que avance rauda valiéndose de vehículos como Codelco, Enami y Corfo, obviando licitaciones competitivas y el necesario debate y escrutinio del Congreso, de la academia y de la sociedad civil, tal como ocurre con otras reformas como la tributaria o la de pensiones. Creemos que en vez de orientando y emprendiendo, el músculo del Estado agrega más valor estableciendo marcos regulatorios e institucionales que equilibren el cuidado del medio ambiente y la generación de valor para Chile y su territorio; con la seguridad jurídica y los incentivos para invertir y emprender, y abriendo la cancha para que sean las mejores empresas globales y locales las que lo hagan.