¿Qué modelo económico queremos?

Han sido meses agitados en el debate público. Se está escribiendo una propuesta de nueva Constitución para Chile. En este proceso de reflexión, entre las muchas preguntas que debemos hacernos los chilenos está la de qué modelo económico queremos tener.

En nuestro país ha preponderado la economía de mercado como asignación de recursos. ¿Qué es la economía de mercado? En simple, es una forma de organización social en la que los privados interactúan entre ellos para producir y consumir bienes y servicios. Unos se especializan en la producción de algunos bienes que otros consumen, y a cambio reciben un pago que usan para consumir los bienes producidos por otros. Así, a través del mercado se produce este intercambio de bienes y servicios entre las personas.

Algunos sectores políticos ven la economía de mercado como el monopoly: un juego de suma cero, donde la ganancia de unos es a costa de la miseria de otros, donde unos se hacen millonarios y se apropian de la riqueza del país mientras el resto se queda con poco o nada. Esta visión del funcionamiento de la economía se enfrenta a múltiples indicadores. Durante los últimos 30 años el número de familias en situación de pobreza se ha ido reduciendo rápidamente, el ingreso de los hogares ha aumentado en todos los niveles socioeconómicos, la diversidad de productos y servicios que pueden acceder los chilenos ha crecido enormemente. Ejemplos de esto hay varios: piensen en el aumento de personas que pueden acceder a internet, a autos, a libros, a entretenciones como películas u obras de teatro, el aumento de cobertura de agua potable, de las carreteras, la diversificación de productos que hay en supermercados y malls y varios ejemplos más. Y este aumento en la diversidad y cobertura de productos y servicios viene acompañado del aumento de trabajos y oportunidades. La tasa de empleo ha crecido sostenidamente en los años y también la diversidad en los distintos empleos que hay.

Los hechos descritos arriba son parte del crecimiento y desarrollo económico del país: el aumento de bienes, servicios y oportunidades al que acceden y producen los chilenos gracias a este espacio llamado “mercado”, en que las personas interactúan entre ellas y crean un valor en conjunto, un valor que beneficia a todos, como una marea que levanta todos los botes.

¿El mercado es perfecto? Por supuesto que no, tiene fallas. En Chile son conocidos los casos de abusos de poder, concentración de mercado, monopolios, estafas y por eso debemos fortalecer el rol fiscalizador del Estado para evitar esas malas prácticas. ¿El mercado garantiza igualdad de oportunidades? Si bien el mercado más que repartirse los panes lo que hace es multiplicarlos, no garantiza una cancha pareja. Por eso es necesario fortalecer las políticas públicas progresivas; es decir, las políticas que tiran para arriba a las personas de menores ingresos y con desventajas, para que accedan a las nuevas oportunidades que entregan el crecimiento y desarrollo económico.

Así, el Estado debe sacar músculos en fiscalizar y proveer políticas progresivas. Pero esto es distinto a fortalecer un Estado empresarial que debilite el mercado como espacio de interacción entre privados. Me temo que en la Convención Constitucional han surgido iniciativas que, de quedar en el texto final, van en esta última dirección. Nombraré algunas de ellas.

El pleno de la Convención aprobó la creación de empresas públicas regionales. Con esto se busca fortalecer el rol del Estado como proveedor de bienes y servicios que garanticen derechos sociales. Ok, eso suena bien, pero las empresas públicas deben entrar al mercado cumpliendo con el principio de neutralidad competitiva; es decir, que empresas privadas y públicas compitan en igualdad de condiciones sin que el Estado les entregue ventajas a las segundas a través de subsidios, beneficios tributarios, exenciones de sanciones de libre competencia u otros. Si el Estado beneficia a las empresas públicas sobre las privadas, los privados perderemos espacio para participar y colaborar en el desarrollo de nuestro país, y el poder de mercado se concentrará en el Estado.

El principio de neutralidad competitiva es recomendado por la OCDE, formado por los países más desarrollados del mundo, a los que aspiramos parecernos. En la Convención no se han aprobado iniciativas que garanticen este principio; de hecho, la Comisión de Derechos Fundamentales rechazó que las empresas estatales estén sometidas a la misma legislación que las privadas. Eso no es buena señal.

Por último, una condición fundamental para que los privados innoven, emprendan e inviertan, es decir, para impulsar el progreso que permite una economía de mercado, es el respeto a la propiedad privada. Y esta condición se ve amenazada por algunas iniciativas de la Convención. La Comisión de Derechos Fundamentales aprobó una iniciativa que debilita el derecho de propiedad respecto a cómo existe en la actual Constitución. Hoy el Estado al expropiarte de algún bien debe pagarte una indemnización equivalente a su precio de mercado. En la nueva iniciativa, el monto de la indemnización puede bajar conforme a la función social del bien expropiado y queda bajo el criterio de la ley, es decir, bajo el criterio de los políticos del Gobierno y Congreso. Además, se ha hablado de la nacionalización de la minería y de otras empresas privadas.

Estamos escribiendo una nueva Constitución. En ella debemos decidir cómo queremos que interactúen los privados y el Estado. Se debiera fortalecer la colaboración pública y privada en construir una base justa de bienes comunes que permita a las personas desarrollarse y acceder a las oportunidades generadas por este nuevo ciclo de progreso y bienestar. Hasta el momento las iniciativas de la Convención que debilitan la propiedad privada y crean empresas públicas sin garantizar el principio de neutralidad, fomentan un Estado que le quita espacio y oportunidad a los privados en esta colaboración.