La Tercera
“Quedo atento a sus comentarios”
Un documento publicado por Pivotes dio cuenta de los requerimientos que enfrenta la construcción de hospitales públicos sometidos a evaluación ambiental. Estos, a pesar de no generar impactos ambientales significativos, recibieron más de un centenar de solicitudes de información, provenientes de más de una decena de organismos públicos. Estas exigían excavaciones arqueológicas en la comuna de Providencia, rehacer estudios de escucha de ranas en Rengo, o planes de captura de lagartijas y culebras en Melipilla, por nombrar algunas. Los titulares destinaron, en promedio, cerca de 200 días en hacerse cargo de estos cuestionamientos de las autoridades.
Más allá de la anécdota, sería un error echarle la culpa a una eventual falta de criterio de las autoridades a la hora de solicitar información. Lo que estos casos permiten visibilizar es uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema de permisos ambientales: la forma en que intervienen los distintos organismos del Estado en el proceso de evaluación.
A muchos nos habrá pasado en contextos laborales que se envía por correo electrónico un documento, junto a la frase “quedo atento a sus comentarios”. El efecto inmediato de ese mensaje es que cada receptor se sienta compelido a enviar sus comentarios y, si no los tiene, dar con alguno, aún cuando eso implique romperse la cabeza buscando alguna excusa sobre la que comentar. Hay una sensación transversal de que “no tener comentarios” es equivalente a “no hacer la pega”. Lo que recibe el autor del trabajo son múltiples sugerencias, lentas de procesar, que retrasan la entrega final, y de las cuales muy pocas agregan valor.
Algo parecido sucede en el proceso de evaluación ambiental. El titular presenta su Estudio de Impacto Ambiental, con informes cada vez más sofisticados, que consideran una multiplicidad de elementos ambientales y sociales del proyecto que se busca construir. Luego, el Servicio de Evaluación Ambiental lo remite a los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA), una suerte de “quedo atento a sus comentarios”. El resultado, vaya sorpresa, son cientos de observaciones de estos servicios públicos. No se vaya a pensar que “no hicieron la pega”. Por lo mismo, suelen exigir mucha información, sin considerar si los riesgos que pretenden mitigar son relevantes o no, ni mucho menos en el retraso general que esto implica para la inversión a nivel agregado.
Ante esa dinámica, no es de extrañar que la autoridad ambiental cuide el bienestar de las arañas de Independencia, o exija escuchar cantos de rana en primavera. Tampoco que la misma autoridad haya pedido considerar la técnica “Miyawaki” para la plantación de árboles nativos; o que el Consejo de Monumentos Nacionales pida excavaciones en lugares donde no hay ni rastro de valor arqueológico, o que llevan varias décadas bajo una capa de concreto.
Un proceso razonable de evaluación ambiental debiese realizar un análisis costo-beneficio, que permita distinguir riesgos relevantes de aquellos muy remotos. A partir de ese ejercicio se debería realizar una selección de los OAECA que participarán de la evaluación. Esto exige tener una cierta tolerancia a los riesgos bajos, y podría derivar en que Conadi participe de la evaluación de un hospital en Tirúa, pero no en Melipilla. Nos guste o no, si no hay antecedentes que indiquen que ese riesgo es relevante, el país debe poder vivir con eso. Un cambio como este podría reducir de forma importante los plazos de evaluación, que exceden los plazos legales, que hoy se explican casi en su totalidad por suspensiones que deben pedir los titulares para contestar alambicadas preguntas de la autoridad.
Pasar de un “quedo atento a sus comentarios” genérico a todos los organismos públicos, a una solicitud dirigida a ciertos organismos cuya expertise se sabe con antelación que será fundamental para evaluar un proyecto determinado. De seguro eso redundará en un proceso más expedito, menos incierto, y de tanta o más calidad técnica.
Un documento publicado por Pivotes dio cuenta de los requerimientos que enfrenta la construcción de hospitales públicos sometidos a evaluación ambiental. Estos, a pesar de no generar impactos ambientales significativos, recibieron más de un centenar de solicitudes de información, provenientes de más de una decena de organismos públicos. Estas exigían excavaciones arqueológicas en la comuna de Providencia, rehacer estudios de escucha de ranas en Rengo, o planes de captura de lagartijas y culebras en Melipilla, por nombrar algunas. Los titulares destinaron, en promedio, cerca de 200 días en hacerse cargo de estos cuestionamientos de las autoridades.
Más allá de la anécdota, sería un error echarle la culpa a una eventual falta de criterio de las autoridades a la hora de solicitar información. Lo que estos casos permiten visibilizar es uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema de permisos ambientales: la forma en que intervienen los distintos organismos del Estado en el proceso de evaluación.
A muchos nos habrá pasado en contextos laborales que se envía por correo electrónico un documento, junto a la frase “quedo atento a sus comentarios”. El efecto inmediato de ese mensaje es que cada receptor se sienta compelido a enviar sus comentarios y, si no los tiene, dar con alguno, aún cuando eso implique romperse la cabeza buscando alguna excusa sobre la que comentar. Hay una sensación transversal de que “no tener comentarios” es equivalente a “no hacer la pega”. Lo que recibe el autor del trabajo son múltiples sugerencias, lentas de procesar, que retrasan la entrega final, y de las cuales muy pocas agregan valor.
Algo parecido sucede en el proceso de evaluación ambiental. El titular presenta su Estudio de Impacto Ambiental, con informes cada vez más sofisticados, que consideran una multiplicidad de elementos ambientales y sociales del proyecto que se busca construir. Luego, el Servicio de Evaluación Ambiental lo remite a los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA), una suerte de “quedo atento a sus comentarios”. El resultado, vaya sorpresa, son cientos de observaciones de estos servicios públicos. No se vaya a pensar que “no hicieron la pega”. Por lo mismo, suelen exigir mucha información, sin considerar si los riesgos que pretenden mitigar son relevantes o no, ni mucho menos en el retraso general que esto implica para la inversión a nivel agregado.
Ante esa dinámica, no es de extrañar que la autoridad ambiental cuide el bienestar de las arañas de Independencia, o exija escuchar cantos de rana en primavera. Tampoco que la misma autoridad haya pedido considerar la técnica “Miyawaki” para la plantación de árboles nativos; o que el Consejo de Monumentos Nacionales pida excavaciones en lugares donde no hay ni rastro de valor arqueológico, o que llevan varias décadas bajo una capa de concreto.
Un proceso razonable de evaluación ambiental debiese realizar un análisis costo-beneficio, que permita distinguir riesgos relevantes de aquellos muy remotos. A partir de ese ejercicio se debería realizar una selección de los OAECA que participarán de la evaluación. Esto exige tener una cierta tolerancia a los riesgos bajos, y podría derivar en que Conadi participe de la evaluación de un hospital en Tirúa, pero no en Melipilla. Nos guste o no, si no hay antecedentes que indiquen que ese riesgo es relevante, el país debe poder vivir con eso. Un cambio como este podría reducir de forma importante los plazos de evaluación, que exceden los plazos legales, que hoy se explican casi en su totalidad por suspensiones que deben pedir los titulares para contestar alambicadas preguntas de la autoridad.
Pasar de un “quedo atento a sus comentarios” genérico a todos los organismos públicos, a una solicitud dirigida a ciertos organismos cuya expertise se sabe con antelación que será fundamental para evaluar un proyecto determinado. De seguro eso redundará en un proceso más expedito, menos incierto, y de tanta o más calidad técnica.
