Remezones, reacciones y cambios

Chile ha vivido de remezón en remezón. Algunos de orden natural, como los terremotos, otros de origen social, como el estallido de octubre de 2019, y mixtos, como los dramáticos incendios que sacuden el sur de Chile: fuegos causados intencional o negligentemente por personas y que su propagación es facilitada por condiciones naturales de temperatura, vientos y humedad excepcionales, relacionadas con el cambio climático.

Los remezones generan reacciones y cambios. A partir de los incendios, una vez más se activó a todo nivel —público, político, empresarial y sociedad civil— un espíritu colaborativo y solidario. Pero también hemos visto reacciones oportunistas y maniqueas, como traer en la mitad de la emergencia una infundada propuesta de royalty, así como contrarreacciones inmovilistas, que reducen la complejidad del asunto exclusivamente a la ineficacia de este gobierno.

Es de esperar que, pasada la contingencia, lo que quede sea ese espíritu colaborativo para acordar los cambios necesarios para que el Estado recupere su capacidad para combatir la aberrante acción delictual y terrorista que está en el origen de tantos incendios, y para articular la actualización de las capacidades y prácticas públicas y privadas de prevención y combate, en un contexto donde las condiciones naturales serán más propicias para su propagación.

Esta misma lógica podemos aplicar a remezones electorales, como el del plebiscito de entrada precedido por el estallido que aprobó masivamente el proceso constitucional. Luego del intento constitucional refundacional, maniqueo y revanchista (en la forma y el fondo) de los sectores ganadores de las elecciones de constituyentes y la presidencial de 2021, y de las contrarreacciones inmovilistas que le negaban toda justificación y legitimidad al proceso, prevalecieron las posturas de aquellos sectores políticos y de la sociedad civil reformistas que plantearon propuestas constitucionales alternativas para ser discutidas en un nuevo proceso constitucional, que fue lo que la ciudadanía apoyó en las urnas el 4 de septiembre pasado.

Hoy, ad portas de iniciar un segundo proceso constitucional, debemos advertir que ese remezón electoral de hace seis meses también dejó secuelas oportunistas, esta vez por parte de aquellos que reflotan sus sueños inmovilistas, soslayando la importancia de una nueva Constitución y pidiéndoles a ‘los políticos’ que, a través de la gestión, se limiten a resolver ‘los problemas de la gente’. Como si la ineficacia de larga data para acordar reformas que enfrenten esos dolores no tuviera nada que ver con el diseño constitucional del sistema político-electoral.

Como si frente a desafíos tales como combatir el flagelo de la delincuencia o mejorar el sistema de salud no fuera relevante habilitar desde la Constitución una modernización del Estado, que separe con nitidez una administración pública profesional, técnica y meritocrática orientada a prestarle con eficacia y eficiencia servicios de calidad a los ciudadanos, de lo que son los gobiernos y sus funcionarios de confianza.

Como si para abordar el imperativo de re-dinamizar nuestra economía a partir de un nuevo equilibrio con la naturaleza fuera irrelevante lo que la nueva Constitución diga u omita sobre la protección del derecho de propiedad a los instrumentos jurídicos que, como las concesiones a privados, permiten transformar nuestras riquezas naturales en oportunidades de desarrollo económico y social; pero también, sobre la facultad del Estado para establecer limitaciones para resguardar su rol ecosistémico.

Como si para enfrentar el terremoto educacional dado por las enormes brechas de aprendizaje que se profundizaron por la pandemia, no fuera necesario un mandato constitucional al legislador —no a los tribunales— para que establezca una base común de educación pública escolar de calidad, integrada por establecimientos estatales y privados que incorporen a su proyecto educativo innovaciones y capacidades provenientes de la sociedad civil y el emprendimiento.

Y finalmente, como si para enfrentar la porfiada informalidad laboral, no fuera necesario que la nueva Constitución al menos esboce una adecuación del concepto de trabajo y los derechos que lo protegen a una realidad donde hay diversas modalidades en cuanto a niveles de dependencia y de flexibilidad temporal y espacial.

Frente a los movimientos tectónicos que siguen remeciendo a Chile y el mundo, un espíritu colaborativo y cambios basados en la ciencia, el conocimiento y la evidencia, que se distancien de la refundación y el inmovilismo, es la respuesta que los chilenos merecen y que nos permitirá retornar a ese pasillo estrecho que nos lleve al desarrollo integral.