Salmonicultura y una creciente contradicción

Australia acaba de autorizar la importación de salmón chileno. Al respecto, la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, afirmó que este logro fue ‘un largo proceso de auditoría realizado a los sistemas de inspección, control y certificación que mantiene Sernapesca en toda la cadena de valor de los salmónidos’, y que ‘se trata de un gran reconocimiento viniendo de unos de los mercados más exigentes del mundo en materia de bioseguridad’.

Sin embargo, llama la atención lo contradictorias que resultan las loas de la autoridad fiscalizadora ante este hito, el cual se suma a la firma de un acuerdo para exportar salmón fresco a China, firmado por el Gobierno el año pasado. Si la cadena de producción chilena tiene estándares tan destacables, ¿por qué no se toman medidas para destrabar el desarrollo de la salmonicultura nacional? Las moratorias a nuevas concesiones acuícolas, incorporadas en el año 2010 a raíz de la crisis del virus ISA, siguen vigentes en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, a pesar de que el reglamento de concesiones ya especifica una distancia mínima de 2,8 kilómetros entre cada concesión para asegurar buenas condiciones sanitarias.

En paralelo, las fusiones y relocalizaciones, que permiten producir más eficientemente, salir de áreas protegidas y tener menor riesgo sanitario, se han vuelto un instrumento impracticable, habiéndose concretado sólo una desde 2010. Esto ya que, además de la ineficiencia en la tramitación de dichas solicitudes, las relocalizaciones han terminado chocando con otras categorías de preservación y siendo judicializadas por ONGs ambientalistas, como Greenpeace o Fima, lo que ha impedido que se concreten.

De igual forma, la expansión de la Ley Lafkenche se ha vuelto una gran fuente de incertidumbre. Esta ley crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo), los cuales son espacios de borde costero delimitados, entregados en administración a comunidades indígenas. Su consecuencia principal es que la tramitación de un Ecmpo suspende cualquier solicitud de afectación para otros fines sobre el espacio reclamado, como solicitudes de concesiones de acuicultura, hasta que se logre verificar el uso consuetudinario ejercido sobre el Ecmpo.

¿El problema? Los espacios ya decretados promediaron más de seis años tramitándose y, actualmente, más de 500 solicitudes de concesión de acuicultura se encuentran suspendidas. ¿Acciones que se hayan tomado por parte del Ejecutivo para corregir alguno de los tres problemas mencionados? Hasta el momento, poco y nada.

La salmonicultura es la segunda mayor exportación nacional y genera el 18% del PIB conjunto de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Si el Gobierno es consistente con lo que Tapia afirma, no existen razones para no destrabar esta actividad y, finalmente, hacer una reorganización territorial que pavimente una ruta de crecimiento de largo plazo. De lo contrario, países como Noruega, que esperan triplicar su producción al 2050, sólo ganarán distancia en una carrera en la cual, hace tiempo, corremos con una mochila en la espalda.