SEIA: “¿Argumentos para rechazar?”

En los últimos días se tomó conocimiento público, a partir de un reportaje de Pulso PM, de un intercambio de whatsapps entre la delegada presidencial de la Región Metropolitana y un conjunto de Seremis. La conversación, que data de abril del presente año, muestra cómo estas autoridades se coordinaron para votar en contra del proyecto inmobiliario Egaña Comunidad Sustentable en la comuna de Ñuñoa, que ya tenía permiso y que, a dicha fecha, presentaba un avance de obras de un 30% y tenía mil trescientas personas empleadas. El desenlace lo conocemos: aun cuando el Servicio de Evaluación Ambiental recomendó aprobar, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana rechazó 5-2. Es de esperar que se reestablezca el imperio de la ley en las futuras resoluciones asociadas a este proyecto.

Pero más allá del actuar improcedente de los funcionarios públicos aludidos, este episodio da cuenta de una situación grave: antes que obedecer a criterios técnicos y legales con los que sustentar su postura, la decisión de los representantes del gobierno se asentaba sólo en consideraciones políticas, quizás influidas -entre otros factores- por la posición pública en contra del proyecto de la alcaldesa de la misma coalición gobernante de la comuna donde se desarrolla el proyecto. Esta suposición encuentra sustento en lo que escribió la Seremi de Vivienda de la RM en uno de los mensajes, al señalar que estaba “buscando argumentos para rechazar, pero de momento, lamentablemente no tengo”.

Este episodio muestra una de las principales falencias del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA): no sólo es la preeminencia de las consideraciones políticas por sobre las técnicas, legales y reglamentarias, sino que éstas puedan expresarse en cualquier momento de la tramitación ambiental, incluso una vez otorgado los permisos respectivos, como de hecho fue en este caso. Es precisamente esto lo que genera una impredecibilidad completamente imposible de gestionar o de integrar en las decisiones de un inversionista, y una de las razones que explica el letargo en que se encuentra la inversión en Chile.

A partir de esto, cabe preguntarse hasta qué punto deben estar presentes consideraciones políticas en la evaluación medio ambiental de un proyecto. Si por ellas entendemos la ponderación de factores como lo vocación territorial y la forma de vida de los vecinos -entre otros-, la respuesta es sí. Sin embargo, lo que corresponde es que estos factores estén integrados en instrumentos de ordenamiento territorial, tales como los planos regulatorios o la normativa atingente a la contaminación acústica, las emisiones o la afectación de la luminosidad. Si esas consideraciones no están debidamente integradas en los instrumentos vigentes y son expresadas por vecinos, organizaciones de la sociedad civil u autoridades comunales, su ponderación debe ocurrir al comienzo del proceso, o incluso en una etapa previa donde se discuta en términos más generales las características del proyecto y sus impactos. Es en este momento inicial donde se deben zanjar esas consideraciones, para luego pasar a una etapa de evaluación eminentemente técnica donde, de cumplirse los estándares ambientales, las normativas y los instrumentos de ordenamiento territorial, el proyecto debiese ser aprobado definitivamente.

En la última década, diversos gobiernos de distinto signo político -Bachelet, Piñera y ahora Boric- han anunciado con entusiasmo reformas profundas al SEIA, al tiempo que asociaciones gremiales, empresariales y ONGs del tema ambiental también han levantado iniciativas y propuestas de mejora. Estos esfuerzos no hacen sino reafirmar que nuestro actual sistema de evaluación ambiental adolece de una falla estructural que hace imperativa su revisión y reforma. Es de esperar que este gobierno le ponga el cascabel al gato, para lo que no necesita reinventar la rueda: basta voluntad y convicción política.