Servicios Locales de Educación, urge innovar en las soluciones

La semana pasada, El Mercurio tituló: “Servicios locales en crisis: Colegios inician el año escolar con series deficiencias a lo largo del país” y el Diario de Atacama lo hacía con: “18 colegios votan paro y no comenzarán con las clases”. La razón: el Ministerio de Educación y el Servicio Local de Educación Pública incumplieron el compromiso de efectuar las reparaciones necesarias para asegurar condiciones mínimas de infraestructura en los locales escolares antes del inicio del año escolar. Una vez más fallaron en lo elemental: asegurar la disponibilidad de los establecimientos y la existencia de condiciones mínimas de seguridad e higiene para las comunidades educativas en torno a ellos.

Las explicaciones de las autoridades responsables son las mismas de siempre. Los recursos estaban disponibles pero el exceso de burocracia administrativa y un Estado incapaz de reaccionar de forma ágil impidió entregar soluciones efectivas a tiempo. El país no puede aceptar sin más estas explicaciones, ni resignarse frente a la inercia, pues son graves las consecuencias para muchos estudiantes que están siendo privados de su derecho a la educación. La educación es un servicio esencial, y no entregarlo nos pone frente a una situación de total emergencia. Es por esto que cuando ello ocurre el sistema debe poder reaccionar con herramientas innovadores que recurran a todas las capacidades existentes en el sistema educacional.

Una opción es que ante la evidencia de una gestión deficiente que amenace la continuidad o calidad del servicio educativo, la Dirección de Educación Pública o el Ministerio de Educación puedan implementar planes de intervención en la gestión de los establecimientos que contemplen la entrega en concesión o administración delegada, con facultades de reestructuración, de establecimientos en esa condición a organizaciones educacionales privadas de desempeño destacado. Los SLEP pasarían a ser la contraparte estatal que supervisa el cumplimiento de las obligaciones convenidas y la calidad de la educación impartida. Por su parte, las organizaciones privadas, serían responsables de gestionar los establecimientos e implementar modelos educativos sin tener que enfrentar las limitaciones burocráticas que impidieron solucionar urgencias y poner foco en la gestión pedagógica. Gozarían de autonomía, pero dentro del marco de los términos acordados en el convenio de administración delegada o concesión.

Los reyes del eslogan y de hacer siempre lo mismo que han protagonizado el debate educacional en la última década dirán que se plantea “privatizar o debilitar la educación pública”. Lejos de ello, pensar en soluciones distintas que permitan al sistema educacional en su conjunto enfrentar las crisis aprovechando las capacidades disponibles cuándo no hay tiempo para improvisar, parece un camino idóneo para fortalecerla. Se trata de sacar el foco sobre la tipología de”administradores” y ponerlo en los niños, niñas y adolescentes. Tampoco tiene nada de anómalo o inédito, pues los convenios de administración delegada o de concesión ya se aplican hoy en día en Chile, con buenos resultados, en la educación técnico profesional. También existen esquemas similares de colaboración público-privada en las “Academies” británicas o en los “Colegios en Concesión” colombianos, por nombrar algunos ejemplos internacionales.

Plantear la viabilidad de esta medida requiere, por de pronto, renunciar a los clichés buenistas que tienen a la educación pública en este dramático estado. En cambio debemos abocarnos a analizar técnicamente todas las alternativas disponibles, incluyendo modelos como el que aquí se plantea u otras experiencias innovadoras que permitan enfrentar esta crisis. Seguramente los problemas seguirán apareciendo a lo largo de la implementación de una ley llena de complejidades, y sin respuestas a la altura será imposible que se garantice efectivamente el derecho a la educación de los niños y niñas de nuestro país.