Steven Pinker y nueva Constitución

Steven Pinker, destacado intelectual de la Universidad de Harvard, en un seminario organizado por Deloitte con ocasión de sus 100 años en Chile, nos recordó las virtudes del método científico fundado en el escepticismo, la falibilidad, el debate abierto y la comprobación empírica. Lamentablemente en nuestro debate de políticas públicas el “método científico” ha sido desplazado por el “método moral”.

Me refiero a aquel que pone por delante la superioridad moral de una generación por sobre la que la antecede; o de un orden social nuevo y justo estructurado desde el Estado, por sobre el viejo orden abusivo estructurado desde los mercados. Cuando uno se aproxima al mundo con este enfoque, las reformas (o más bien refundaciones) no admiten ser sometidas al método científico, pues son simplemente justas, superiores e imperativas. Es innegable que esta impronta fue la que primó en la fallida Convención Constitucional apoyada por el gobierno del presidente Boric (su reconocimiento de que parte de él quisiera derrocar el capitalismo nos los recuerda), y que fue derrotada por el veredicto ciudadano.

Nada asegura que luego de este golpe de realidad, la razón y el conocimiento vuelvan a ser las bases fundantes del debate de políticas públicas, pero Pinker nos da algunas luces de cómo lograrlo. Así como en el mundo académico las revisiones de pares y el escrutinio horizontal de la comunidad académica propende a que sólo las investigaciones fundadas en la razón y en la comprobación empírica sean publicadas en las revistas académicas más reputadas (más allá de ocasionales errores), nos sugirió que en el debate político, más que descansar en la racionalidad de los individuos, se debe recurrir a un buen diseño institucional de pesos y contrapesos.

La nueva Constitución nos brinda una oportunidad única que no podemos desaprovechar de acometer rediseños institucionales que fortalezcan esos pesos y contrapesos:

Una separación nítida entre el gobierno y sus funcionarios de confianza de naturaleza política, y la administración del Estado y sus funcionarios públicos de naturaleza técnica y profesional. La incorporación en el proceso de formación de leyes de instancias tempranas de participación ciudadana y foros de deliberación, así como de la evidencia, el conocimiento y la experiencia comparada compilada y procesada por una oficina independiente de finanzas públicas e impacto regulatorio instalada en el Congreso Nacional. La creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas independiente que se aboque a evaluar sistemáticamente la eficacia, eficiencia y servicialidad de las políticas públicas ya implementadas.

Es de esperar que cuando se entra a tierra derecha en el proceso constitucional, expertos y consejeros constitucionales, en el fragor del debate sobre derechos sociales y seguridad, no desatiendan el consejo de Pinker e incorporen en el texto estos imperativos.