Un compromiso de campaña llamado Dominga

No pain, no gain, predican los entrenadores. A quien quiere celeste, que le cueste, dicen los españoles. No se hacen tortillas sin quebrar huevos, reza el adagio. Subyace a esta nutrida fraseología popular que lo valioso rara vez es gratis. Un título profesional implica kilohoras de estudio, un hijo kilohoras de abnegación doméstica, un triunfo deportivo kilohoras de entrenamiento. La pregunta no es si habrá que pagar costos, eso es un hecho de la causa. La pregunta es si aquello que se obtiene a cambio los justifica. A veces sí, a veces no.

Dominga, como todo, trae costos y beneficios. Sin negar que costos hay, debemos preguntarnos si acaso valen la pena a cambio de todo lo que está al otro lado de la balanza.

Veamos primero algunos de sus principales beneficios, desde el punto de vista social y no de sus accionistas:

— Durante la construcción crearía unos 10.000 empleos directos y otros 25.000 indirectos.

– Durante la operación crearía 1.500 empleos directos muy bien remunerados, más otros 4.000 indirectos. Todo esto, en una de las comunas más pobres de Chile. Tan pobre, de hecho, que el último año nuevo lo pasaron sin agua potable.

– Aportaría unos US$ 500 millones anuales en impuestos (el monto exacto depende de los precios del momento).

– Suministraría hierro y cobre a los mercados globales. Dado que ambos minerales son imprescindibles para, entre otras cosas, la transición energética (un aerogenerador, por ejemplo, requiere de varias toneladas de acero), es un hecho de la causa que aquello que no mine Dominga será minado en otro lado, quién sabe bajo qué estándares ambientales.

– Entregaría agua potable a todos los habitantes de la comuna.

– Aportaría US$ 2 a US$ 4 millones para proyectos comunitarios.

– Crearía un centro científico orientado al cuidado de la flora y fauna locales.

Ahora, sus principales costos. También desde el punto de vista social, por eso omito los US$ 2.500 millones de inversión:

– Una superficie no menor de un ecosistema de matorral costero semi-desértico sería transformado en dos rajos mineros (520 hectáreas), depósito de lastre (815 hectáreas) y depósito de relaves espesados (986 hectáreas), además de otras varias instalaciones menores, como la planta misma. Para que se haga una idea, esas 2.321 hectáreas son algo más de la cuarta parte que las 8 mil hectáreas de rajos + depósito de estériles del complejo Chuquicamata-Radomiro Tomic-Ministro Hales (también excluyendo las instalaciones industriales mismas).

– Se emitirían los gases de efecto invernadero propios de toda faena minera: maquinaria, flujo de camiones, flujo de barcos, etcétera.

– La infraestructura de gran escala afectaría el paisaje: desalinizadora, puerto, los rajos y depósitos ya citados, etcétera (no así los ductos, que son subterráneos).

Podríamos nombrar varios costos adicionales, como el ruido del tránsito de camiones o la contaminación lumínica de las faenas, pero si evaluamos a esa escala habría que citar también beneficios de envergadura equivalente, como los mil kits fotovoltaicos para hogares de la zona, cámara hiperbárica para el hospital, el centro de adulto mayor o las 7.625 hectáreas destinadas a la conservación. En la empresa están tan desesperados por aprobar que básicamente tiraron toda la carne a la parrilla con 56 medidas de compensación. Pero entrar en ese bosque extendería al infinito este análisis.

Es en este punto espero que el lector salte de su silla ¿Por qué omití “lo principal”, el impacto sobre el ecosistema marítimo que alberga la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, sede de las islas Choros, Damas y Chañaral? La respuesta es simple: es comprensible oponerse a Dominga por los innegables costos ya citados, o por su larga y atribulada historia, pero no por los impactos de los barcos, ni de la desalinizadora, ni en el paisaje.

Vamos por partes. Sobre los barcos:

Dominga implica un flujo de 52 navíos anuales, a 20 kilómetros de la Reserva, y a 7,5 kilómetros del pequeño islote Pájaros 2. Transitarían a velocidad reducida, consecuencia de compromisos ambientales. Hoy circulan a unos 12 kilómetros de la Reserva cerca de 2.000 barcos anuales, sin límites autoimpuestos de velocidad. Es el tráfico habitual de la costa chilena: Valparaíso – Callao, San Antonio – Guayaquil, Talcahuano – Panamá, lo que sea. Cada vez que un opositor a Dominga enfatiza cuán rica es hoy la biodiversidad marina en ese lugar (una verdad del tamaño de una catedral) de paso confirma implícitamente que esa misma biodiversidad ha coexistido perfectamente con 2.000 buques anuales.

Otra manera de apreciar como el tráfico de barcos puede convivir con la vida marina es la dinámica del Estrecho de Gibraltar: con 14 kilómetros de ancho, lo más lejos de ambas costas que puede transitar un buque es 7 kilómetros, casi un tercio de la distancia de los buques domingueros a la Reserva, el tráfico es de 110.000 buques anuales (2.100 veces Dominga), y de lo más bien que anda el área protegida marina del Parque Natural del Estrecho.

Hurgue usted mismo el tráfico de barcos histórico y en tiempo real en este link.

Ahora sobre la desalinización:

Con la tecnología adecuada, a una decena de metros del punto de descarga, la concentración de sal aumentaría del 3,6% habitual del Océano Pacífico a 6,4%. Esta mayor salinidad afecta un área del orden de 0,27 hectáreas (cito el área, o vista en planta, para facilitar la comprensión; es un fenómeno volumétrico, por supuesto). Esa condición de mayor salinidad puede dañar a ciertas especies de fito y zooplancton, más no a peces, delfines, pingüinos o cualquier otra alimaña con la que sus ojos estén familiarizados, indiferentes a variaciones de concentración de esa magnitud. Aquilate lo que son 0,27 hectáreas. Solo el Líder de General Velázquez ocupa un área 6,4 veces mayor para ofrecer sus salchichas y mayonesas, y no bajo la forma de una afectación parcial, como es el aumento de salinidad, sino que de la destrucción más absoluta, un imperio del cemento donde ni medio espino puede crecer.

Video de descarga de la mayor planta desalinizadora en operación en Chile: el incremento de la salinidad del medio marino se observa en superficies cercanas a las de una cancha de básquetbol.

La mayor salinidad en la pluma es un efecto local que se produce porque la dilución no es instantánea. Requiere de cierto espacio para operar. Pero en una mirada global esa descarga no afecta el balance de salinidad del Pacífico, pues no hace más que devolver la sal que se extrajo unos pocos minutos atrás (y el agua, a su tiempo, también acabará por volver). Es exactamente lo mismo que hace la evaporación del sol al crear nubes. En efecto, la lluvia que cae del cielo no es otra cosa que agua de mar desalinizada. Comprender esto es crucial no solo por Dominga: si como sociedad tomáramos la decisión de oponernos a las desalinizadoras por el efecto de la descarga de salmuera sobre una fracción de hectárea de mar, hipotecaríamos el bienestar de millones de familias que habitan zonas que el cambio climático volverá cada vez más áridas. Pregúntele a los pescadores de Antofagasta que tiran sus redes a unos cuantos cientos de metros de la descarga de la planta La Chimba si en algo han visto afectada su actividad. O pregúntele a las mujeres de la cooperativa agrícola de la misma ciudad que cultivan más de 30 hectáreas de hortalizas con agua desalinizada qué les parecería volver a pagar el precio del agua que recibían en camiones aljibe para no cambiar la salinidad de un área de mar equivalente a un tercio de cancha de fútbol.

Y, finalmente, sobre el paisaje:

Se ha esgrimido que la sola presencia visual de Dominga mermará el turismo, uno de los pilares de La Higuera. Veamos: el punto más cercano, la esquina noroeste del depósito de lastre, yacería a 10 kilómetros de la costa, y a 27 kilómetros de Punta de Choros, y entre ambos se yergue un cordón montañoso de algo más de 800 metros. Simplemente no se ve.

El puerto, a su turno, se emplazaría a 30 kilómetros en línea recta de Punta de Choros. ¿Qué tanto podría orinar el asado a los turistas algo así? Considere lo siguiente: en Ventanas hay tres puertos, tres termoeléctricas a carbón (que a lo largo de su historia han acumulado miles de horas de pluma de emisiones), refinería y fundición de cobre, un terminal de gas natural licuado que almacena y regasifica, cinco tanques de hidrocarburos de Gasmar, el terminal multipropósito de Oxiquim, etcétera. Pues bien, este verdadero monstruo industrial se encuentra a menos de 10 kilómetros del primoroso resort de Marbella, y su efecto paisajístico es tan despreciable que no encontrará departamentos por menos de 200 lucas diarias si pretende disfrutar de sus canchas de golf. Zapallar se ubica a 22 kilómetros de ese núcleo de pesadilla y a nadie se le ha pasado por la cabeza que ello debiera mermar su sitial como el balneario más exclusivo de todo el país.

No pain, no gain, a quien quiere celeste que le cueste, no se pueden hacer tortillas sin quebrar huevos. En Dominga también hay pain y quebradura de huevos, sin duda, pero nada que vayan a sentir los pingüinos, los cetáceos o los turistas.

Si llegó hasta acá puede legítimamente preguntarse: ¿para qué orquestar todo este coro argumentativo ante un proyecto ya rechazado? La respuesta es simple: esa decisión se camufla en argumentos técnicos cuando en verdad es política. Así lo admite el audio filtrado desde Cancillería la semana pasada: en el minuto 3:52, uno de los funcionarios subraya que la crítica del embajador argentino ataca un “compromiso de campaña” del Presidente.

Todo gobierno detenta temporalmente el poder político para conducir a la sociedad a uno u otro destino. Si somos oposición puede no gustarnos, pero esas son las reglas del juego. El offside es ampararse en la ciencia para hacer valer convicciones de otro orden. Esa es la cuchufleta. Cualquier debate sano debe partir desde este punto, para que la ciudadanía juzgue a qué se enfrenta de verdad cuando se le cierra la puerta a un proyecto. Se llame Dominga o de cualquier otra forma.

Joaquín Barañao es ingeniero civil de la Universidad Católica, escritor y podcaster.

Rafael Palacios es antropólogo social y abogado de la Universidad de Chile, obtuvo un MsC en Derecho, Antropología y Sociedad del London School of Economics and Political Sciences y un MBA en la Pontificia Universidad Católica de Chile.